María Belén Morán fue asesinada a puñaladas en Manzanares, por su ex concubino, Alberto Sebastián Moreno. Ella lo había denunciado por violento y tenía una restricción de acercamiento desde hacía ocho días. Pero la violencia y las amenazas de muerte no cesaron. Frente a esto, volvió a acudir a la policía pidiendo protección. Esta muerte, al igual que muchas otras en la PBA, era evitable. El de Belén no es un caso aislado y evidencia las escasas acciones por parte de las fiscalías especializadas en género en la PBA. En este caso en particular, quien intervino deficientemente fue la Unidad Fiscal Descentralizada Especializada en Violencia de Género de Pilar.
En virtud de lo establecido por el art. 8 de la resolución 346/14, la procuradora general instruyó a los y las fiscales generales a conformar fiscalías temáticas, unidades o secretarías especializadas en la investigación de delitos de “violencia familiar”, por lo que queda a criterio de cada uno/a de ellos/as la forma de instrumentación en función de la extensión territorial, la densidad demográfica y la realidad delictual de su departamento judicial.
A más de un año de haber sido tomada esta medida, lejos de haber presentado una respuesta eficiente, nos encontramos con un recrudecimiento de la violencia. Quienes se desempeñan frente a estas fiscalías tienen responsabilidad, pues no cuentan con la capacitación necesaria para contener y brindar seguridad a las mujeres en situaciones de violencia. Las lamentables actuaciones de la fiscal Carolina Carballido Calatayud, quien está al frente de la Unidad Fiscal Descentralizada Especializada en Violencia de Género de Pilar, es un claro ejemplo.
Frente a esta situación, en mayo, diversas organizaciones de la sociedad civil presentamos un pedido de informe ante la procuradora General, Carmen Falbo, para que dé cuenta de cuáles son los procedimientos y/o mecanismos destinados a garantizar la idoneidad y probada experiencia en la lucha contra la violencia de género de las personas que se han designado al frente de estas fiscalías. No obtuvimos ninguna respuesta, mientras tanto la cifra de femicidios sigue creciendo en la PBA.
La desprotección de las mujeres se profundiza ante la falta de un mecanismo de selección que garantice la idoneidad de las personas que se ponen al frente de estas fiscalías especializadas. Es urgente que las designaciones respeten el mecanismo institucional establecido para los otros puestos, es decir a través del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores de la Provincia, que garantice que quienes se postulen tengan el conocimiento necesario para ocupar ese cargo.
La lucha contra la violencia de género requiere un compromiso real con desarrollo institucional acorde y la Procuración tiene la responsabilidad de brindar respuestas eficientes a las víctimas.
Por lo anterior, exigimos: justicia para Belén. Designación de personas con probada idoneidad y capacitación correspondiente al frente de las fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres.
Coordinadora Feminista Antirrepresiva.
