La Ley de Medios se constituyó para la democracia, en una necesidad que ordene y ponga blanco sobre negro un sinfín de licencias a medios otorgadas de manera irregular; y, sobre todo, que le marque la cancha a los grandes multimedios que crecieron al amparo del gobierno de Menem y que la gestión de Kirchner consolidó.
Esta nueva Ley de Medios, sancionada por el parlamento en octubre de 2009, fue precedida por la Ley Nacional de Radiodifusión (22.285) sancionada por la dictadura e instrumentada a través del Comfer (Comité Federal de Radiodifusión).
Esta vieja ley tenía la premisa de otorgar licencias radiofónicas a empresas o sociedades comerciales privadas. No se permitía a diarios adquirir licencias de radios; y las televisoras, muy pocas entonces, quedaban en la esfera del Gobierno nacional regenteadas a través de “interventores”.
Lo mismo sucedía en el interior del país. El cable, que comienza a desarrollarse hacia fines de los ´70, no tenía incidencia. Con estas disposiciones, el gobierno militar se permitía controlar el servicio de noticias y contenidos en virtud de “la Doctrina de Seguridad Nacional”.
Las privatizaciones de radios se hacían a grupos afines, y los principales diarios y revistas antes de publicar, pasaban por la pulcra mirada de un uniformado en las jefaturas de las redacciones, conformando un discurso único sin atisbos opositores.
La nueva Ley de Medios no tuvo lugar en el gobierno de Alfonsín, pese a las presiones de los distintos grupos, de noticias y comerciales, de alzarse con los medios de entonces.
Ya en los 90, si bien no hubo nueva ley, el menemismo mediante el abuso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) permitió corregir la ley de la dictadura para consolidar la avalancha privatista y permitir la formación de los llamados “multimedios”.
Así se posibilita que un diario adquiera radio y canales de tv, y se propaguen libremente en el marco de la libre competencia.
Hasta entonces quedaba claro que las entidades intermedias no tenían lugar en los medios. Solo los municipios y universidades que ya tenían radios podían mantenerlos, pero no había licencia para la conformación de nuevas propuestas de este tipo.
En 2005 una nueva corrección a la ley militar abrió la posibilidad a nuevos actores. Podían ser cooperativas, municipios u otras entidades intermedias que accedían a ocupar el espectro radiofónico de manera provisoria y desprolija.
Este avance democrático de medios impulsado por Néstor Kirchner se dio de frente el 7 de diciembre de 2007, cuando prorroga automáticamente por diez años más a todos los licenciatarios de la época menemista. Con el agregado de permitirle al grupo Clarín la corporativa fusión de Cablevisión y Multicanal, dominando ampliamente el negocio de la televisión por cable en todo el país. Medida sancionada por la Secretaría de Comercio Interior, capitaneada por Guillermo Moreno.
Para entonces el gobierno K necesitaba socios de peso para manejar noticias e información. En 2008 la crisis con el campo por la Ley de Retenciones 125 desnudó en el gobierno que sus nuevos socios, a quienes tan bien habían correspondido, no eran tan fieles como suponían. Esta circunstancia da origen al furibundo ataque hacia el multimedio Clarín. La tropa K estableció el monodiscurso que reza obsecuentemente “Clarín miente”.
Hasta el conflicto con el campo el gobierno no mostró mucho interés en la nueva Ley de Medios. Ya en la primera etapa de Cristina, la traición de Clarín empujó a acelerar los tiempos de redacción y sanción de la nueva ley, que promueve aspectos interesantes, como la distribución en partes iguales del espectro radial, asignando al Estado, sociedades comerciales y entidades intermedias como municipios, pueblos originarios y universidades, participar del aire.
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) se sancionó con el compromiso del Estado de hacerla cumplir inmediatamente. Para ello delegó en la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) su aplicación, y después de tres años nombraron a su director, el ahora convertido al kirchnerismo Martín Sabbatella.
A tres años lo más relevante es la disputa que se entabló con el Grupo Clarín, que argumenta derechos legales adquiridos por los decretos de Néstor Kirchner y Guillermo Moreno. Aluden a los artículos 41 y 161, que se enfrentan constitucionalmente con lo otorgado oportunamente, sobre todo el tema de inversiones realizadas, ya que ahora deberán desinvertir.
En cuanto a la democrática distribución del espacio radioeléctrico se advierten peligrosos criterios de adjudicación. Casi un calco de la esgrimida por la dictadura porque las licencias se otorgan a grupos cercanos al poder. Un caso es el de las empresas contratistas del Estado que obtuvieron la licencia de Radio del Plata, en Buenos Aires. De acuerdo a la nueva reglamentación, esto no debería ser factible.
Las intenciones democráticas se diluyen en sostener el relato único. La financiación para las organizaciones intermedias nunca llega, y si lo hacen es a cambio de un riguroso alineamiento de contenidos. Lo podemos observar a diario. En todos los canales y radios oficiales, o para-oficiales, se ponderan supuestos logros gubernamentales y se ataca u oculta, a la oposición. Se congelaron las licitaciones de frecuencias para las entidades sin fines de lucro, en especial a las universidades, donde los representantes del gobierno en las elecciones estudiantiles (La Cámpora) no pudieron hacer pie en ninguna sede estratégica. El valor de los pliegos para licitar espacios es tan oneroso para un emporio como para una asociación vecinal, casi una invitación a no participar. Y de las frecuencias para los pueblos originarios, no se sabe nada.
Queda claro, entonces, dos aspectos visibles de la ejecución de la ley. La idea democratizadora es un maquillaje para arrear prensa adicta que predique a favor del relato oficial, donde la crítica a la gestión y opinión opositora no tienen cabida. Y la otra, es la persecución deliberada a la prensa crítica.
En conclusión, las intenciones de la Ley de Medios suenan atrayentes para la democratización de los medios, sus titulares, contenidos culturales e informativos, pero nada hace suponer que desde el kirchnerismo se dé lugar a estos lineamientos, muy por el contrario, se advierte un avance contra todos los que tenemos mucho para decir.
*Representante del FAP en la Primera Sección Electoral.
