Organizaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) lanzaron un plan de lucha en todo el país en defensa de la continuidad del programa Volver al Trabajo, al que definieron como un “Salario Social Complementario”, en rechazo a su eliminación por parte del gobierno nacional.
Organizaciones sociales de Pilar en alerta por la caída del plan Volver al Trabajo
Advirtieron que el distrito pierde más de $575 millones por mes por el fin de los programas sociales. Lanzaron un plan de lucha por la continuidad del programa.
Desde la organización, señalaron que solo en Pilar la economía pierde más de $575 millones por mes por el fin de los programas sociales. Al mismo tiempo, indicaron que la decisión del Gobierno de eliminar el programa “implica el fin del único ingreso estatal para miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con un impacto directo en todas las provincias y municipios del país”.
Desde las organizaciones se advierte que esta medida podría empujar a miles de familias a la indigencia y generar un fuerte impacto en las economías locales.
En el caso de Pilar, se verán afectados 7.374 trabajadores y trabajadoras, quienes perderán su único ingreso mensual fijo. Esto implicará que dejen de circular aproximadamente $575.172.000 al mes en la economía local, recursos que hoy se destinan principalmente al consumo en comercios de cercanía. En términos anuales, la pérdida asciende a $6.902.064.000.
Impacto local
Desde la UTEP local señalaron que el impacto ya comienza a sentirse en los barrios populares de Pilar, ubicados en Derqui, Lagomarsino, Villa Rosa y Del Viso, donde gran parte de estos ingresos se destina a cubrir la alimentación diaria, el transporte y los cuidados.
Además, esta medida pone en riesgo el funcionamiento de ollas populares, comedores comunitarios y merenderos, que hoy sostienen la alimentación de cientos de familias. Estos espacios, llevados adelante por mujeres, dependen en gran medida de estos ingresos para garantizar la continuidad de las comidas diarias.
El concejal Manuel Cáceres, miembro de las organizaciones, señaló que “esa garrafa que se compra con los 78 mil pesos puede ser para una familia, pero también para un comedor o merendero de barrio que le da de comer a muchos chicos”.
El Salario Social Complementario fue establecido por ley como un piso de ingresos para quienes generan su propio trabajo frente a la exclusión del mercado laboral formal. Su eliminación podría derivar en el desfinanciamiento o cierre de cooperativas de trabajo, espacios de cuidado y redes comunitarias que hoy contienen la crisis en los territorios.
Según las organizaciones, lejos de responder a una necesidad de equilibrio fiscal, el recorte representa apenas el 0,1% del PBI, y lo interpretan como una decisión política que afecta principalmente a los sectores de menores ingresos.
Cáceres adelantó “más de 7 mil personas que trabajan todos los días en la formalidad o en la economía popular, percibían y que esperamos que perciban este programa el mes que viene”.
“Eso genera un impacto que todos los meses de que casi 600 millones dejen de circular en el circuito interno de los barrios, a donde se compra esa garrafa, donde se compra el pañal, el alimento”, advirtió.
Además, el monto del programa permanece congelado en $78.000 desde noviembre de 2023, lo que ya ha provocado una fuerte pérdida de poder adquisitivo. En este contexto, el Gobierno propone reemplazarlo por programas de “capacitación laboral” vinculados al sector privado, sin garantizar una inserción laboral efectiva.
“Sin salario no hay trabajo. Sin trabajo no hay paz social”, señaló José Ruiz Días, uno de los referentes de la UTEP.
“Peleamos para que desde lo más vulnerable haya un pequeño ascenso social, pero hoy vemos cómo ese piso mínimo va desapareciendo”. MANUEL CÁCERES