El sentido de la media sanción en Diputados de la ampulosa y socarronamente denominada “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, quedó muy claro, no en la sala de sesiones sino afuera en la Plaza de los dos Congresos.
por Tomás Pérez Bodria
El sentido de la media sanción en Diputados de la ampulosa y socarronamente denominada “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, quedó muy claro, no en la sala de sesiones sino afuera en la Plaza de los dos Congresos.
Allí, la única libertad observable fue la de apalear, por parte de “las fuerzas del orden” a compatriotas indefensos. Libertad de la camaleónica ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para desplegar un operativo propio de una confrontación casi bélica. Pero destinado sólo a reprimir de modo extremadamente violento una manifestación pacífica y no demasiado numerosa de quienes, con todo derecho, reclaman contra la afrenta de los intereses de la Nación que ese proyecto de ley habilita. No hizo sino dejar muy claro a quienes perjudica esa media sanción. Sabiendo el gobierno de Milei que ya no quedan argentinos a los que se les escape que ese proyecto de ley -junto al DNU hoy vigente y a la drástica devaluación concretada por el reconocido fullero de las finanzas, Toto Caputo- conlleva una monumental transferencia de recursos de la mayoría absoluta de la población hacia una minúscula y parasitaria porción empresaria con intereses y terminales fuera del país -en sus términos de campaña, “la casta”-, empujando a la primera a las fronteras de una pobreza ya superada en el país desde mediados de la década del cuarenta.
No encuentra otra herramienta para imponerla que la pretensión de restablecer en nuestro suelo patrio el terror que, en virtud del acuerdo democrático alcanzado a partir de 1983, los argentinos dimos por superado hace ya muchos años.
Dentro del Congreso, poco para destacar. Por un lado, el tratamiento totalmente anómalo e inconstitucional del proyecto, ya desde su remisión sólo a tres comisiones y sin dictamen definitivo al abordarlo en el recinto -cinco minutos antes de la votación restituyeron el art. 196, lo que significa que pueden administrar la cartera del Fondo de Garantía y Sustentabilidad sin ninguna pauta y con ello pueden devolverle las acciones a Techint, Pampa Holding, Clarín, Galicia, Macro, Cresud, entre otras en perjuicio de todos los jubilados-, constituyó el recorrido de un camino con final anunciado.
Según el propio Milei, corrieron ríos de coimas en singulares reuniones concretadas fuera del recinto y, aunque su palabra ya está lo suficientemente desacreditada, en este caso los hechos parecen confirmarla. Por el otro, en medio de semejante degradación y claudicaciones cabe rescatar un valor que, como el de la coherencia, cotiza en estos días menos que el malhadado peso argentino: me refiero a la consecuencia entre el discurso y el voto de dos radicales: el Dr. Facundo Manes y su correligionario Pablo Juliano. No comparto sus visiones económicas afirmadas en la preminencia del mercado pero aplaudo la postura que, bajo estas circunstancias de severa gravedad institucional y siendo miembros de un bloque vergonzosamente genuflexo ante este ominoso oficialismo, supieron diferenciarse abrazando los intereses fundamentales de la Patria, del pueblo y de la democracia con el sentido de sus votos.