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Resolución

El Gobierno derogó los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados

En total son 58 las normas eliminadas, de varios rubros. Además, los colegios privados ya no deben notificar sus aranceles por anticipado.

9 de junio de 2026 - 14:24

Según se anunció este martes, el Gobierno nacional derogó un total 58 normas, principalmente dictadas entre los años 2022 y 2023, vinculadas al comercio interior con el objetivo de "simplificar las relaciones comerciales" entre proveedores y consumidores. La decisión incluye la derogación de programas como Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados.

La medida se tomó a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, en el marco del "proceso de desburocratización del Estado que está llevando adelante desde el inicio de la gestión".

“Desde diciembre de 2023, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME impulsa una revisión integral de la normativa vigente orientada a simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual. A la fecha se han derogado 240 normas para simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado”, se indicó.

El programa Ahora 12 ofrecía financiamiento en hasta 12 cuotas para las compras en distintos rubros, con una tasa subsidiada. Al asumir Javier Milei fue reemplazado por Cuota Simple, que permitía los pagos en 3 o 6 cuotas con mayores intereses que su antecesor. Este finalizó en junio de 2025 y se definió no prorrogarlo.

Precios Cuidados, en tanto, fue una política que reunía una canasta de productos sobre los que se acordaban revisiones trimestrales y aumentos mensuales. El programa cambió en 2022 hacia Precios Justos, pero también fue eliminado con la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Colegios

En la misma resolución se derogaron cuatro normativas que obligaban a instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles, ya que según el Gobierno incentivaba “la distorsión de precios al fijarse aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegios”.

En ese sentido, se remarcó que la obligación de informar los valores con antelación y contar con el aval gubernamental para aplicarlos “limitaba su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos, creándoles asimismo una situación de incertidumbre económica”.

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