DESIERTA. La terminal de Pilar, vacía durante la mayor parte del día.
El Gobierno destrabó en la tarde del viernes el conflicto con las cámaras empresarias de autotransporte y logró que se levantara anticipadamente el paro de 24 horas dispuesto por choferes de colectivos en la ciudad, el Gran Buenos Aires y seis provincias, luego de una reunión tripartita que encabezó el ministro de Economía, Sergio Massa, con la UTA y las compañías del sector.
La intervención del ministro y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) terminó de materializar un acuerdo que puso fin, a las 17.30, a la retención de tareas de los conductores de colectivos, una medida que colapsó los trenes y subtes de la ciudad y perjudicó la movilidad de miles de personas durante todo el día.
El punto final llegó también luego de arduas negociaciones encaradas desde la mañana por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y su colega de Trabajo, Raquel “Kelly” Kismer de Olmos, con los responsables de las cámaras empresarias y la UTA que dirige Roberto Fernández.
De esta manera, el servicio de colectivos empezó a restablecerse en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y en Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Misiones.
“Parásitos”
El conflicto se inició luego de que la UTA dispusiera el jueves una retención de tareas por 24 horas en el servicio de colectivos, una medida que, a primera hora del viernes, provocó un colapso en la demanda de transporte y en la movilidad de las personas.
La Ciudad de Buenos Aires mostró formaciones de subtes abarrotadas de pasajeros, una alta demanda de taxis y de otros servicios de movilidad por aplicaciones digitales y denuncias por el aumento desmesurado de las tarifas en esos servicios rentados.
La situación se complicó aún más con un paro sorpresivo del ferrocarril Sarmiento, que conecta a la Capital Federal con la zona oeste del conurbano bonaerense.
Ante ello, el Gobierno nacional renovó sus cuestionamientos a las cámaras de autotransporte e insistió con que el mes pasado ya se había alcanzado un acuerdo e, incluso, se había emitido una resolución conjunta para fijar “los niveles salariales de abril, mayo y junio” de los choferes de colectivos.
Pasado el mediodía, con contundencia, Massa había tildado a ciertos empresarios del autotransporte de pasajeros de “parásitos del Estado que pretenden extorsionar” y dijo que tenían como único objetivo lograr que el Gobierno “les garantice la rentabilidad” de sus ganancias.
También, había calificado a la huelga de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como “un paro extraño porque fue forzado por los empresarios”.
A media tarde, Massa convocó a continuar las negociaciones en la sede de Economía, junto a Giuliano; Olmos; el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio; el secretario general de la UTA, Fernández, y los empresarios José Troilo (CEAP), Mario Vaca (CETUBA), Fabián Ferreira (Ceutpba) y Roberto Rodríguez (CTPBA).
En un tramo de ese encuentro -difundido por los medios de comunicación y plataformas online-, el ministro de Economía lamentó los padecimientos de “cuatro millones de usuarios” y convocó a las partes a la búsqueda de consensos, pero “no desde la extorsión, no con un revólver en la mesa y no tomando de rehén a los pasajeros y a los trabajadores”.
“Eso no lo podemos permitir”, afirmó y aseguró que la semana próxima continuarán analizando las demandas de las partes involucradas con una “mesa de diálogo” que, dijo, quedará “tendida” a partir del lunes.
Con todo, pidió “responsabilidad” a la hora de administrar recursos públicos y aclaró: “Todos tenemos que ser responsables frente a la sociedad y la retención de dinero del Estado, que es de los trabajadores, puede constituir un delito”.
El reclamo empresario
Las cinco cámaras de transporte automotor del AMBA declararon en un documento conjunto que las escalas salariales dispuestas por los ministerios de Transporte y de Trabajo de la Nación “no están homologadas y son ilegítimas”.
“La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución conjunta (de ambos ministerios) que no tiene validez jurídica, dado que se impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector”, sostuvo el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).
Ese texto llevó las firmas de las cámaras Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap); Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba); del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba); de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba) y Aaeta.