A punto de iniciar el proceso para licitar la venta del 90% del paquete accionario, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario de AySA para el período 2027-2031.
Aprobó el Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario. El jueves iniciará el proceso licitatorio para vender el 90% de las acciones. Buscan un freno judicial.
A punto de iniciar el proceso para licitar la venta del 90% del paquete accionario, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario de AySA para el período 2027-2031.
La resolución define compromisos, inversiones, metas operativas y criterios tarifarios que regirán durante los próximos cinco años.
El punto central de la resolución es la definición de un esquema de estabilidad tarifaria para el próximo ciclo. El ERAS estableció que el nivel tarifario vigente a la fecha de corte, con un coeficiente K real de 1.877,6167, se mantendrá constante en términos reales durante todo el período 2027-2031.
Esto implica que no se proyectan nuevos aumentos reales –por encima de la inflación- dentro del Primer Ciclo Tarifario. Las actualizaciones podrán reflejar la evolución de precios, pero sin una suba adicional por encima de la inflación reconocida en el esquema regulatorio.
El plan contempla también mantenimiento, operaciones, mejoras y obras de infraestructura.
El Gobierno ya aprobó los contratos de concesión y transferencia de acciones a fines de abril. El esquema contempla una concesión por 30 años, con posibilidad de extenderla por otros 10. Durante ese período, AySA mantendrá la explotación exclusiva del servicio en el área regulada, que incluye Pilar.
Por otra parte, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó ante la Justicia una acción de amparo por la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), cuya licitación concluirá el 27 de agosto.
El jefe comunal cuestionó las condiciones establecidas en el pliego y manifestó su preocupación por las inversiones necesarias para ampliar la cobertura de agua potable y desagües cloacales. De acuerdo con el pliego, la concesionaria que se quede con la empresa podría no realizar obras estructurales durante los primeros diez años.
