Luego de la multa millonaria impuesta al club de campo Martindale, de Presidente Derqui, más countries del distrito están en la mira del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por permitir la contratación de personal de casas particulares en negro por parte de sus habitantes.
Según adelantaron a El Diario fuentes del gobierno bonaerense, en los próximos días se dará a conocer un informe con el resultado preliminar de los operativos que realiza el Ministerio conducido por Mara Ruiz Malec en busca de trabajadores no registrados.
En resultado sería lapidario, aunque no sorprendente: más de la mitad de las trabajadoras relevadas -mujeres en su inmensa mayoría- están en negro.
El Diario pudo saber que las sanciones serían apuntadas directamente a las administraciones de las urbanizaciones lo que, indirectamente, sancionaría a sus habitantes: las multas, varias veces millonarias, terminarían por ser luego prorrateadas entre los propietarios.
La medida es una verdadera bomba hacia el interior de los countries, donde tanto quienes contratan personal doméstico en negro como sus vecinos que actúan según lo mormado recibirían en las expendas una cuota parte de la multa.
El sistema para las inspecciones es sencillo pero difícil de esquivar para infractores. Los agentes del Ministerio de Trabajo requieren a las administraciones de los countries los registros de ingreso y egreso de no residentes. Se entiende que los nombres y DNI que se repiten en intervalos regulares y permanecen varias horas adentro cada vez corresponden a trabajadores. Esos registros se cotejan con los de la Afip y bingo: los no registrados, son trabajadores en negro.
Hasta el momento, el Ministerio sancionó ya al Martindale. En este caso, lo hizo por obstrucción de la labor de los inspectores, ya que la urbanización directamente se negó a entregar los registros. Otra vez, la multa será repartida en las expensas de los propietarios que tienen empleados en negro, pero también de los que los registraron. Seguramente, los grupos de Whatsapp internos van a ser escenarios de cruces.
Al dar a conocer la sanción, Mara Ruiz Malec declaró: “Estas trabajadoras son de unos de los sectores más vulnerables, ya que la mitad de ellas viven en hogares que se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Pese a que tienen trabajo, son pobres. Garantizar su cobertura en la seguridad social y el ejercicio de todos sus derechos es prioridad de este gobierno”.
“No hay excusa para no registrarlas, es una obligación y además existen muchas facilidades. El sueldo y el aporte se pueden descontar de ganancias, y el Estado le da parte del sueldo de la trabajadora, entre otros beneficios”, señaló.