ECONOMÍA EN PANDEMIA

El Gobierno amplía los alcances de la moratoria

El Presidente envió ayer el proyecto a Diputados. Alcanza las deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social. Además de las Pymes, será también para las grandes empresas.
miércoles, 8 de julio de 2020 · 07:53

El Gobierno nacional envió ayer a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de ampliación de la moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social, que tiene por objetivo aliviar la carga de las deudas acumuladas hasta el 30 de junio pasado por todos los contribuyentes humanos y jurídicos.
Se trata de la ampliación del alcance de la moratoria creada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada en diciembre y que comenzó a regir en febrero pasado.
La iniciativa enviada al Congreso amplía el universo a las personas físicas sin certificado pyme y a las grandes empresas.
La deuda exigible en materia impositiva, previsional y aduanera que no está regularizada y que puede ser considerada dentro de la ampliación de moratoria es de $281.700 millones de pesos, pero el monto total asciende a $500.000 millones si se consideran los planes de regularización vigentes que podrán beneficiarse con las mejores condiciones de la futura norma.
Así lo informaron ayer el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas; y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, en una presentación de prensa en la que anunciaron los detalles del “proyecto de ampliación de moratoria para todo tipo de empresas y sectores”.
La decisión fue adoptada durante la reunión de gabinete económico, que deliberó ayer en la Casa Rosada y que fue encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la que participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; además de Kulfas y Marcó del Pont.
Kulfas explicó que el Gobierno consideró “la necesidad de ampliar esta moratoria porque el daño es muy importante en muchos sectores, no solo en las pymes sino en empresas grandes” y el Estado “está obligado a repensar las herramientas de apoyo al sector productivo y las familias”. 

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