La investigación judicial sobre posibles hechos de corrupción cometidos en torno a la renegociación del contrato de concesión de la Panamericana, firmado en 2017 por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, tendrá su capítulo europeo.
En los últimos días, el juez Federal Rodolfo Canicoba Corral presentó un escrito ante la Cancillería argentina en el que solicita realizar allanamientos en las oficinas que la empresa Abertis, controlante de la argentina Ausol, tiene en España.
La denominada causa peajes investiga una posible defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública por parte del propio Macri, de su exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y del entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, entre otros exfuncionarios de Cambiemos.
Canicoba Corral pidió allanamientos a la sede que Abertis tiene en Barcelona. También solicito el allanamiento a oficinas presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, uno de los señalados.
En la causa se investiga la negociación que derivó en la prorroga de los contratos de concesión hasta 2030, que además garantizan a la empresa la adecuación de sus tarifas en dólares y el pago de una supuesta deuda de origen al menos vidrioso.
La denuncia fue formulada por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau. Señala que antes de la negociación de montó un escenario que incluyó dos reclamos de empresa española Abertis ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.
La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri asumiera la presidencia de la Nación en 2015 y retirada dos años después, cuando el gobierno acordó extender las concesiones a Ausol y reconocerle una deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.
En febrero allanaron las oficinas de las concesionarias en Buenos Aires. Ahí se buscaron documentos vinculados con la negociación, el trámite ante el CIADI, los balances de las empresas y las composiciones accionarias, por lo que fueron secuestrados discos rígidos, entre otros elementos, según las fuentes consultadas.
El pedido de Canicoba, a través de un juez español, es que secuestre toda la documentación relacionada con el “negocio argentino”. Esto significa mails, contratos, análisis de mercado y cualquier material que se vincule con la denuncia en el CIADI, el acuerdo que se pretendió hacer con el estado argentino, los aumentos de tarifas y las ventas de acciones.
Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, es el accionista clave de ACS (Actividades de Construcción y Servicios), un gigante que controlaba a su vez a Abertis.
La causa judicial abarca tres aspectos de la sospecha de fraude: la indemnización falsa, el aumento de los peajes, la renovación insólita de los contratos y la extraña venta de acciones del Grupo que tras el contrato tuvieron un aumento sideral.
