El Municipio avanza en un análisis área por área de las contrataciones de empleados temporarios durante el año pasado, el último del gobierno de Nicolás Ducoté. Y cada nuevo dato que encuentra refuerza su sospecha de que, mediante ese mecanismo, la gestión saliente escondió su estructura política durante sus meses finales y financió parte de sus campañas en 2019. Un verdadero entramado de ñoquis que busca ahora desarticular.
Según relevó el actual gobierno, existen casos de gente nombrada para puestos de alto nivel profesional sin capacidad para ejercer su función. Además, se detectaron personas que desde el 11 de diciembre no volvieron a presentarse a trabajar en el Municipio. También hay gente que durante la gestión anterior estaba en un lugar, y después de las elecciones de octubre fue traslada a otras áreas. Actuales funcionarios entienden que la intención fue “esconderlos” ante el cambio de gobierno.
Los números son elocuentes. El año pasado, el gobierno de Ducoté contrató a 1.333 nuevos empleados. La inmensa mayoría (1.264), ingresó tras la derrota del Cambiemos en las PASO de agosto.
Entre enero y octubre, la masa salarial del Municipio pasó de $231.101.144 a $343.125737, un aumento del 58%.
“La estrategia del intendente saliente no fue solamente tratar de que se le sostenga su estructura política sino que también buscó entorpecer el comienzo de una nueva gestión. Es la primera vez en la historia de Pilar que un intendente saliente se pasa de vivo y no se lleva su planta política después de haber perdido una elección”, señalaron fuentes del gobierno.
“Los vecinos de Pilar no tienen por qué sostener con sus impuestos la estructura política del intendente saliente”, agregaron.
El gobierno reveló un entramado de ñoquis que dejó la gestión anterior
En 2019, tomó más de 1.300 empleados. La mayoría, tras perder las PASO. Incluye punteros, funcionarios y muchos que nunca se presentaron a trabajar. El detalle, área por área.
Mapa
Un informe al que tuvo acceso El Diario muestra la situación en cada área.
• Secretaría de Gobierno: a cargo del ahora concejal Carlos Arena, en una oficina de sólo 60 metros cuadrados había designados más de 70 empleados. La gran mayoría, personas que desde el 11 de diciembre nunca más se presentaron a trabajar. Se denuncia también un abusivo uso de las horas extra: un total de 20 municipales tenían asignadas automáticamente el máximo de horas por fuera de la jornada laboral ordinaria, pero se sospecha que retornaban más de la mitad del dinero que recibían a los funcionarios del área.
Existen, además, nombramientos que se utilizaron para esconder estructuras políticas e incluso familiares. Por ejemplo, más de 100 contratos temporarios de “coordinadores barriales” que fueron nombrados en la época de las elecciones con la supuesta tarea de cortar pasto en los barrios, cuando este es un rol que debe cumplir el área de Servicios Públicos. Los colaboradores resultaron ser todos punteros, militantes y, en gran medida, parientes de actuales concejales de Cambiemos.
• Atención al Vecino: de una nómina de 40 empleados, se constató que solo 20 estaban efectivamente trabajando en los Centros de Atención Vecinal. Una situación similar se detectó en lo que era Gobierno Abierto y Cercano, un área creada por la gestión anterior con una gran estructura de personal.
• Observatorio de Derechos Humanos: las contrataciones temporarias ascendían a 43. Según el informe, todos (o la mayoría) resultaron ser hijos, nueras o hermanos del dirigente Fabián Pitronaci. Desde el 11 de diciembre ninguno volvió a aparecer por las oficinas municipales, que de hecho se encuentran cerradas y con una sola persona adentro trabajando.
• Subsecretaría de Atención Comunitaria: Tenía 65 contratos temporarios, todos militantes, amigos, parientes y parejas de miembros de la Juventud Pro. Se trata de personas que fueron nombrados en el 2019, y trasladados a diferentes áreas después de la elección de octubre.
• Vicejefatura de Asesores: a cargo del funcionario Jorge Storni, 40 personas estaban asignadas a tareas políticas y de campaña, más específicamente integraban un área que la gestión anterior llamó con el nombre de “U19”, que funcionaba como un call center para realizar campaña negativa contra opositores.
• Centro de Operaciones Municipal: Allí radica la denuncia más grave. Según el informe, se detectó un llamativo modus operandi en el cual se desviaban o directamente se apagaban las cámaras. En el gobierno sospechan que era con el fin de liberar zonas delictivas y que también se utilizaba el sistema para monitorear los movimientos de los opositores.
Reunión
Autoridades de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se reunieron en las últimas con el secretario de Gobierno municipal, Santiago Laurent. Pidieron rever la desvinculación de unos 10 afiliados a ese sindicato.