El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo ayer que el Gobierno nacional tiene la decisión de tomar la administración de cinco corredores viales a medida que comiencen a vencer los contratos de concesión que se encuentran vigentes.
En ese marco, indicó además que “van a ser revisadas las concesiones a Autopista del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GSO), de los accesos Norte y Oeste, que ya están judicializadas”.
En ambos casos, hay procesos judiciales en marcha por supuesta “negociación espuria” durante la prórroga de los contratos de concesión. La causa está radicada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral por el pago de 500 millones de dólares a la española Albertis, que maneja tanto Ausol como GSO. Ausol, que era propiedad de la empresa de la familia Macri, también se acogió a la ley de blanqueo de capitales.
La extensión del contrato fue aprobada por el gobierno de Macri en julio de 2018.
El ex intendente de San Martín, adelantó que se van a ir “revisando todas las concesiones. Hay algunas que están en manos privadas y hemos tomado la decisión que pasen a administración del Estado; hay cinco corredores que hemos decidido que a medida que venzan los contratos se van a pasar al Estado”, señaló en diálogo con radio El Destape.
En ese sentido detalló que “la ruta 188 en la provincia de Buenos Aires, las rutas 9 y 134 en Santiago del Estero, la 8 y 36 en San Luis, van a ir transfiriéndose a manos del Estado”.
“Va a ser el Estado el que administre esas rutas y el lucro que quedaba en el sector privado, ahora en manos del Estado se va a poder reinvertir para el mejoramiento de esas rutas”, aseguró el ministro.
“Encontramos un ministerio dinamitado”, en el que había “obras paralizadas” afirmó el funcionario al precisar que hay “una deuda de más de 35 mil millones de pesos de obras, de contratistas que vienen a reclamar su pago, por lo que se están haciendo las auditorías correspondientes para ver la documentación que lo respalda”.
Katopodis también afirmó que “en el último año y medio empezó a haber serios problemas de pagos. El presupuesto de obra pública fue el que más recorte sufrió. Se cansaron de hacer anuncios, de decir que era el Gobierno que más obra pública había hecho en 70 años, y lo que encontramos son obras anunciadas que no están”.
“Ahora apuntamos a que todo sea de forma transparente, que las obras se hagan y que las rutas sean seguras para los argentinos”, concluyó.
