El debate por la declaración de la emergencia alimentaria, empantanado en el Concejo Deliberante luego de que oficialismo y oposición bloquearan mutuamente el tratamiento de sus respectivos proyectos, podría encaminarse finalmente hacia una salida consensuada.
Sería a través de una tercera iniciativa, presentada en este caso por el vecinalista Gabriel Lagomarsino, que lima las aristas más filosas de la discusión y acerca posiciones.
El expediente se presentó ayer en el Concejo Deliberante y será discutido en la mañana de hoy en la comisión de Hacienda del cuerpo. En caso de tener dictamen favorable, llegará el jueves al recinto para ser votado en sesión ordinaria.
Consultados por El Diario, fuentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio coincidieron en que el proyecto es viable. Aunque desde ambos sectores se mostraron cautos en la previa al inicio de la discusión.
El proyecto declara la emergencia alimentaria y social en el Partido hasta el 31 de diciembre de 2020, “con el objeto de garantizar el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria de todos los habitantes” y establece que se trata de una “política municipal, complementaria a las políticas del Estado nacional”.
Establece, además, la obligación del Ejecutivo de informar “mensualmente al HCD las adecuaciones presupuestarias que realice para atender la emergencia”. Y crea “Consejo Local de Emergencia Social (Coles)” al que invita a participar “a todos los actores debidamente reconocidos de la comunidad”, entre los que incluye a “entidades educativas, asociaciones civiles, fundaciones, sindicatos, cámaras de comercio e industria, clubes de barrio, sociedades de fomento, centros de jubilados, entidades religiosas, colegios profesionales, universidades y cualquier otro actor que lo solicite”.
Las funciones del Coles serán “colaborar en el diagnóstico permanente de la situación alimentaria y social en todo el partido; formular propuestas para mitigar las consecuencias de la crisis y disminuir la inseguridad alimentaria y la emergencia social; proponer al D.E., y a través de éste a los gobiernos nacional y provincial, acciones destinadas a revertir o disminuir los efectos de la crisis; fortalecer y movilizar la solidaridad y colaboración de todos los sectores de la comunidad”.
El último de los cinco artículos del proyecto, establece que “a las empresas que desarrollen actividades económicas en el distrito, y que durante la vigencia de la presente emergencia despidieran trabajadores sin causa justificada, le serán suspendidos los beneficios, disminuciones o eximiciones de tasas municipales de los que gozaren”.
El proyecto se presentó luego de que el viernes pasado fracasaran por falta de quórum dos sesiones, convocadas una por la el Frente de Todos y la otra por el macrismo. Cada sector buscaba debatir un proyecto propio.
Ayer por mañana, el intendente Nicolás Ducoté manifestó:
“Esta semana podremos ponernos de acuerdo en las comisiones para que la asistencia alimentaria llegue de la manera más adecuada. Soy optimista en que esta semana podremos contar con esa voluntad de todas las partes”.
El nuevo proyecto saca los aspectos más polémicos de la iniciativa oficialista, que son los que habilitaban la renegociación de contratos con proveedores y la entrega de dinero y cheques como parte de la ayuda social. Y elimina también los microcréditos, objeto de una investigación judicial que ayer derivó en nuevos allanamientos.
