La polémica por la seguridad se mete en el final de la campaña

Faltando 11 días para las PASO, la seguridad se metió de lleno en la campaña con una polémica entre la oposición y el gobierno. 
Al aumento del delito, reflejado en las estadísticas de la propia Procuración bonaerense, y a los hechos de inseguridad que se suceden a diario en el centro de la ciudad y los barrios, desde el Frente de Todos salieron a cuestionar ciertos aspectos del gasto presupuestado por el Municipio para este año en materia de prevención. Y distintos referentes coincidieron en calificarlo como “un negocio”.
El candidato a la intendencia por el Frente de Todos, Federico Achával, apuntó el intendente Nicolás Ducoté al asegurar que “hizo un negocio con la seguridad alrededor del COM”, en referencia al Centro de Operaciones Municipal desde donde se monitorean las cámaras y se centraliza la respuesta en seguridad. 
“Lo único que hizo (Ducoté) es poner los móviles en la Panamericana y el COM por el que pagamos más de un millón por mes de alquiler y mantenimiento”.
En rigor, de acuerdo al presupuesto vigente, por el alquiler del COM se abonan $8.097.804 anuales, y se suman otros $3.766.800 por mantenimiento y reparación de edificios. Eso da, sumado, un total superior a los $11,8 millones al año, casi un millón al mes. “Esa plata hay que invertirla para que llegue a la gente”, señaló Achával en una entrevista radial. 
A la vez, se refirió a otros $30 millones que se pagan por “servicio de monitoreo”, tal como figura en el presupuesto.
Poco antes, el diputado provincial massista Jorge D’Onofrio, también parte del Frente de Todos, había asegurado que “Ducoté montó un gran negocio de la seguridad para favorecer a sus amigos y dejó indefensos a los vecinos de Pilar”.
El legislador detalló que el municipio “destinó los recursos en seguridad a pagar alquileres millonarios para el COM. Además, las cámaras en lugar de ser propiedad del municipio, son de una empresa privada a la cual le pagamos millones para administrar el sistema. Ducoté privatizó la seguridad municipal”.
Desde el gobierno, en tanto, el jefe de Gabinete Municipal, Juan Pablo Martignone, negó de manera terminante que exista una privatización de la seguridad. “No hay tercerización del servicio, todos los empleados son de la municipalidad, salvo el personal policial y tanto el  mantenimiento como los sistemas de monitoreo, su  instalación y las cuadrillas, es todos municipal”, sostuvo. 
Y aclaró que “lo que se contrata es conectividad, las redes de datos y las licencias de software”.
El funcionario aportó más detalles de las partidas señaladas. “Es el servicio de NEC (enlace de cámaras al COM, conectividad, fibra óptica) se está usando casi 6 millones de los 15 millones presupuestados. Con el resto se comprará cámaras”. 
Otra parte de ese gasto es el abono por los servicios de “GPS, botones antipánico, alarmas vecinales, sistema de Alerta Pilar”. Y agregó que en “GPS también entra en el último concepto como el servicio de conectividad de las terminales de emergencias que se están poniendo, incluyendo el abono por uso de datos y plataformas”.
El funcionario aseguró que el plan es llegar a tener entre 1.500 y 2.000 cámaras en los próximos 4 años, “lo que nos colocará en niveles similares a Tigre, Vicente López y San Isidro”. Y dijo que, en la actualidad, “hay cuatro veces más cámaras que antes”.