Los datos que se desprenden de los nuevos procedimientos de la Justicia ante el supuesto desvío de fondos por la compra de una planta cloacal, volvieron a sacudir el tablero político.
El requerimiento judicial a dos de las firmas intervinientes en la operación denunciada determinó que la planta depuradora por la que el Municipio pagó unos 8 millones de pesos, costó 2,2 millones.
Ayer, desde la oposición volvieron a exigir explicaciones. La denunciante del caso, la concejal del Frente Pilarense, Paula González, expresó que “se confirma que hay un modus operandi de la administración de Ducoté en donde reciben fondos nacionales, licitan obras y las prometen en el barrio”. Luego, continuó, “adjudican a las empresas las licitaciones, certifican avances de obra inexistentes y terminan de pagar los trabajos en su totalidad a pesar de que las obras no están hechas”.
Se trata de la planta que iba a ser montada en el barrio Peruzzotti, pero que finalmente el gobierno decidió no instalar ahí, a pedido de los vecinos. De todos modos, se la pagó a la responsable de la obra, constructora Tordel, quien a su vez la compró a la firma Sudamericana de Aguas por poco más de una cuarta parte de lo percibido.
Tordel encargó la planta a Sudamericana en julio de 2017. La constructora acordó pagarle 2,2 millones de pesos a la proveedora del equipamiento que debía instalar en el barrio, y por el que ya tenía una orden de compra por 8 millones.
Tordel solo abonó parte de lo acordado a la contratista, que ya en diciembre del 2017 comenzó a reclamar el saldo por Carta Documento. Hubo una primera mediación entre las partes, pero no llegaron a un acuerdo.
La negociación recién se retomó después que el 7 de mayo de este año, cuando la concejal González presentara una denuncia contra el Municipio por haber pagado la totalidad de una obra que se realizó solamente a medias.
Finalmente, el 13 de mayo, el mismo día que la denuncia tomó estado público, se produjo una nueva mediación entre Tordel y Sudamericana. Esta vez sí hubo arreglo: la constructora pagó lo que debía y requirió a la proveedora la entrega de la planta.
Merced al pago, la planta fue trasladada al obrador 3 de Pilar el sábado 18 de mayo pasado, tres días antes de que el Juzgado Federal de Zárate Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, allanara dependencias comunales en busca de pruebas sobre la denuncia.
“Los esfuerzos por tratar de hacer aparecer la planta y querer hacerle creer a la gente que han hecho las cosas bien y no mostrar voluntad de acercar pruebas, llaman la atención”, disparó González.
Por otro lado, el gobierno Municipal confirmó oficialmente a El Diario que le pagó a Tordel 14 millones de pesos: 6 millones por la red cloacal, que efectivamente construyó, y otros 8 millones por la planta que le compró a la otra compañía por algo más de la cuarta parte. “El gobierno debe dar explicaciones tanto a la Justicia como a la comunidad, sobre la clara malversación y desvío de fondos que hacen”, insistió González.
Ante la requisitoria de El Diario, funcionarios municipales señalaron que no hablarán del tema. l
Planta cloacal: piden que el gobierno dé “explicaciones”
Paula González, concejal denunciante, quiere que el Municipio diga por qué pagó cuatro veces más.