La Justicia Federal allanó ayer por la mañana el Municipio, en el marco de una causa en la que se investiga el supuesto desvío de 15 millones pesos que tenían como destino realizar obras públicas.
El procedimiento, que duró varias horas, estuvo en manos de la Policía Federal, que actuó por orden del Juzgado Federal de Zárate Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
El jefe de Gabinete del Municipio, Juan Pablo Martignone, señaló que el foco del allanamiento fue constatar la existencia de una planta depuradora de desechos cloacales, objeto principal de la denuncia, presentada el 7 de mayo por la concejal Paula González, del Frente Pilarense.
El objeto de la denuncia fue, justamente, que esa planta fue pagada en su totalidad a la empresa contratista, la constructora Tordel, a pesar de que en la mitad del proceso el Municipio desistió de instalarla debido a la oposición de los vecinos.
De hecho, Tordel construyó una red de cloacas en el barrio Peruzzotti, pero no instaló la planta. Según señaló Martignone, solo la compró y la dejó en guarda en la empresa fabricante, cuyos datos no fueron suministrados por el Municipio.
Pero después de la denuncia, la planta fue armada -aunque sin funciones- en el obrador municipal Nº3, en la ruta 8.Allí fue la policía, en busca de constatar sus componentes, señaló el funcionario.
El procedimiento prosiguió luego en las oficinas de Obras Públicas, hasta pasado el mediodía. El titular del área, Guillermo Iglesias, salió de la oficina pasadas las 14, después del procedimiento policial pero evitó contacto con El Diario.
Fuentes oficiales del Municipio le confirmaron a este medio que la firma Tordel cobró el total del contrato, de 15 millones de pesos, “6 millones en concepto de red cloacal y 8 en concepto de planta de tratamiento de efluentes modular”.
De todos modos, la planta no fue instalada, tal como estipulaba la licitación, por lo que para su puesta en marcha todavía requerirá obras adicionales.
Según el gobierno, el nuevo destino de la planta será el barrio Monterrey, trabajos que están adjudicados a las firmas Vialme, Alpin y Servicios y Gestion UTE.
