Infracciones municipales: ¿Quién pagará los casi 5 millones de pesos en multas?

“Rompe paga”. El cartel puede verse, con sus variantes, en cualquier bazar donde se acumulen elementos frágiles al alcance del público. ¿Pero quién paga cuando lo que se rompe es de todos?
El gobierno que termina el próximo 10 de diciembre dejará una herencia insospechada y polémica: una deuda de casi 5 millones de pesos en multas de tránsito por infracciones cometidas a bordo de autos municipales tanto en la provincia de Buenos Aires como en CABA. 
Son 699 actas que se acumulan en el pasivo municipal, de las cuales el 96,5% se labró durante los últimos cuatro años, en la gestión del intendente Nicolás Ducoté.
Con el gobierno a punto de terminar, la pregunta es inevitable. ¿Debe esa deuda pasar a engrosar las obligaciones del Estado comunal, es decir, de los contribuyentes de tasas? ¿O deberían ser los responsables de las infracciones los que respondan con sus patrimonios?
Desde el punto de vista jurídico, no existe ordenanza municipal que legisle sobre el tema. Pero eso no significa no haya obligaciones. 
Las normas de la provincia de Buenos Aires –donde están radicadas la mayoría de las multas de Pilar- establecen que “si el titular del vehículo con el que se cometió la infracción es una Persona Jurídica (como es el caso del Municipio), la misma cuenta con un plazo de DIEZ (10) días hábiles, a partir de la fecha de la primera notificación, para informar fehacientemente, en el Juzgado Administrativo de las Infracciones de Tránsito correspondiente, los datos del conductor dependiente”. 
Y aclara que “de no cumplir con dicha obligación, hacerlo erróneamente, de manera tardía o incompleta, se considerara como incumplido el deber de informar, haciéndose pasible a los titulares y/o responsables de la imposición de una multa por omisión a los deberes formales establecidos legalmente”. Es decir, una pena adicional.
Aquí surge una primera pista: la norma se refiere a los “titulares y/o responsables” del vehículo infraccionado. ¿Quiénes son en el caso de Pilar? Ahí, la situación es más vidriosa.

Nombres
Desde que El Diario dio a conocer el primer informe sobre la acumulación de multas, el gobierno municipal comenzó a analizar la situación. Pero la respuesta recién llegó ayer.
Voceros oficiales reconocieron que se está trabajando para determinar las responsabilidades área por área. Además, se inició una consulta con el Tribunal de Cuentas para determinar qué hacer con los autos de la flota compartida entre distintas dependencia. 
Es que si bien hay áreas que tienen asignados vehículos fijos –en ese caso el responsable debería pagar con su patrimonio las multas-, hay vehículos compartidos. Un chofer debidamente autorizado puede solicitar un auto que se le asigna de manera aleatoria, según requerimientos y disponibilidad. 
Para administrar ese método, se creó un cargo: el de director de Flota Vehicular. Su actual responsable es chubutense Martín Ciampoli, quien asumió en el puesto en reemplazo de Miguel Covini, actual director general de Participación Ciudadana. 
La Dirección de Flota Vehicular depende funcionalmente de la Secretaría de Hacienda, a cargo desde diciembre del 2015 de Cecilia Cabrera.
Funcionalmente, el organigrama solo encuentra más arriba a la contadora Carolina Hildt, al Jefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone, y al titular del Ejecutivo, el propio intendente Nicolás Ducoté. Todos ellos son pasibles de cargos y sanciones patrimoniales por parte del Tribunal de Cuentas, castigos que rara vez tienen cumplimiento efectivo.
Es Martignone quien busca resolver la cuestión con el Tribunal de Cuentas. Pero no parece probable que eso suceda antes de que deje el cargo, dentro de 33 días y contando.

Antecedentes
El sistema era diferente hasta 2015. Durante la anterior gestión, a cargo de Humberto Zúccaro, la flota de autos municipales estaba repartida entre las distintas dependencias. Cada una de ellas, responsable por su uso y funcionamiento.
El Diario habló con varios exfuncionarios con rango de secretarios en la anterior gestión. Las respuestas fueron coincidentes: “Cuando había una multa, el contador la comunicaba al titular del área y éste estaba obligado a pagarla de su bolsillo”, contó uno de ellos. Así y todo, al final de la gestión quedaron 25 actas impagas. Las otras 674 corresponden al gobierno actual.
A quién corresponde pagar los 4,8 millones de pesos por excesos de velocidad, mal estacionamiento, elusiones del peaje y conducir sin cinturón de seguridad o hablando por celular es una duda que flota en el aire. Y que exige una respuesta.

699 
Multas por infracciones registran los autos de la flota municipal. Unas 526 en la Provincia de Buenos Aires y 173 en CABA. En total, el reclamo es por $4.883.277.