El gobierno municipal reglamentó ayer la ordenanza 125/19, que declara la emergencia alimentaria en el distrito hasta el año que viene.
De esa forma, quedó autorizado a acelerar los procesos administrativos en la compra de alimentos para ayudar a familias e instituciones, en el marco de un aumento sostenido de los índices de pobreza.
Sin embargo, el decreto publicado ayer en el boletín oficial ya genera polémica. Es que el gobierno aprovechó la reglamentación para colar parte de las atribuciones que pretendía el intendente Nicolás Ducoté en un proyecto propio, anterior al aprobado, que había sido rechazado de plano por la oposición trabando su tratamiento hasta alcanzar el acuerdo.
Para imponerse, Ducoté se valió de un error de redacción en el texto de la ordenanza. Para evitar fisuras que le permitieran al intendente reglamentarla a gusto, los concejales opositores pelearon por quitar la palabra “social” de la declaración. Y así lo hicieron, pero a medias.
Si bien el artículo 1º de la ordenanza declara solo la emergencia alimentaria, tanto en el 3º como en el 4º hace referencia a la social. Esto es en la creación del Consejo Local de Emergencia Social (Coles), un organismo ad hoc integrado por ONG.
“La emergencia ‘alimentaria y social’ la incluye la ordenanza en los considerandos, y en los artículos 3 y 4. Las instrucciones que a partir de esto dicta el decreto, no implican facultades extraordinarias”, le dijo ayer a El Diario el jefe de Gabinete Municipal, Juan Pablo Martignone, para quien la palabra clave no había pasado desapercibida.
Por eso, el artículo 3º de la reglamentación amplía los alcances de la emergencia a cuestiones administrativas y contractuales. Justamente las que los opositores querían evitar.
“Efectúese por conducto de las áreas que correspondan, el relevamiento y posterior estudio de los contratos administrativos vigentes, para su inmediata adecuación a la emergencia declarada por Ordenanza Municipal N° 125/19, a fin de arribar a posibles acuerdos con el contratista, adjudicatario, locatario, etc.; y/o su rescisión, como así también a dejar sin efectos los procedimientos de contratación ya iniciados. Lo que resultará aplicable a todos los casos en que por razones de restructuración presupuestaria para atender necesidades más urgentes no pueda afrontarse el pago proyectado o cuando se verifique el quiebre de la ecuación económico financiera por la variación de precios”, señala.
Así, del proyecto que había impulsado Ducoté solo quedó sin efecto la autorización para entregar dinero en efectivo o cheques como parte de la ayuda. Aunque esa posibilidad avanza por la vía de otros programas, creados mediante cinco decretos de carácter secreto.
