El intendente Nicolás Ducoté decidió vetar la ordenanza con la que el Concejo Deliberante había limitado sus facultades de manejo presupuestario hasta el 11 de diciembre, tras el vencimiento de su mandato.
Lo hizo mediante el decreto 2.973/19, firmado ayer mismo por el propio Ducoté y el jefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone.
La ordenanza había sido presentada por el Frente de Todos y aprobada sorpresivamente el 12 de septiembre pasado por la mayoría de los concejales.
Entre otros aspectos, la limitación impedía a Ducoté decidir sobre la disposición de tierras públicas, contrataciones más allá de los insumos básicos, aumento de presupuesto y tomar nuevos gastos de publicidad.
Además, establecía una serie de requisitos para decidir planes de ayuda social directa, para lo que requería informes profesionales que conformarían una suerte de auditoría, con control legislativo.
Al mismo tiempo, establecía una reserva de partidas para duplicar el monto que actualmente se paga en concepto de horas extra a los trabajadores municipales.
La iniciativa se basaba en la preocupación de la oposición “tras los contundentes resultados de las PASO del pasado 11 de agosto y la destemplada reacción del gobierno”, al que acusa de hacer “uso de recursos municipales con fines políticos partidarios y de campaña”, una situación que ven “en camino de agravarse”.
Argumentos
El gobierno cuestionó la constitucionalidad de la ordenanza que, según detalla en el texto del veto, “invade de manera directa competencias propias del Departamento Ejecutivo Municipal por lo que la norma proyectada excede claramente las atribuciones que el ordenamiento jurídico le reconoce al Deliberativo Comunal, lo que es motivo suficiente para su descalificación jurídica por colisionar abiertamente con el bloque de legalidad al cual debe sujetarse inexorablemente”.
A la vez, cuestiona los argumentos de los opositores, entre los que cita “descontento de trabajadores y usos de recursos con fines distintos al bien público”. Para el gobierno, “resultan ser afirmaciones genéricas y elípticas que no tiene ningún anclaje de acreditación documental, y lo que es peor, se encuentran apartadas gravemente de la realidad”.
Reivindica, además, “que es facultad privativa del Poder Administrador ejecutar el presupuesto aprobado por el Honorable Concejo Deliberante, el que no puede modificarlo sino a propuesta del Departamento Ejecutivo”.
Ataca también el pedido de duplicar el valor de las horas extra de los trabajadores, lo “es una zona de reserva exclusiva del Departamento Ejecutivo”.
También rechaza la obligación de realizar informes sociales profesionales para definir la entrega de ayuda. “Resulta cuestionable la decisión de los ediles de exigir el cumplimiento de requisitos adicionales a los que contemplan las normas provinciales aplicables al otorgamiento de subsidios”, señala. Y agrega que el gobierno tiene permitido “tomar medidas excepcionales que permitan asistir la situación de gravedad pública con la mayor premura posible” y considera “una medida de neto perfil político obstaculizar, mediante la implementación obligatoria de informes sociales avalados por un profesional, la condición para brindar esa ayuda a quienes la necesitan con suma urgencia, cuando el ordenamiento jurídico no lo exige en absoluto”.
Emergencia
El Departamento Ejecutivo promulgó ayer para su cumplimiento la ordenanza sancionada el último viernes para declarar la emergencia alimentaria. En tanto, se informó que aún se trabaja en los mecanismos para implementarla.
