El Gobierno de María Eugenia Vidal resolvió postergar hasta mitad de este año la prohibición de cobrar tasas municipales en las boletas de luz.
La medida debía entrar en vigencia el 1° de enero, pero fue aplazada por otros 6 meses por una resolución que se oficializará en los próximos días.
De este modo, los municipios podrán contar al menos por un tiempo con una fuente de financiamiento que ya daban por perdida.
La prórroga fue parte de los acuerdos para la aprobación del Presupuesto 2019, a principios de diciembre. Pero se mantuvo en silencio hasta ahora.
La resolución original habría sido aprobada el 8 de mayo pasado. Establecía que las facturas de luz no podían contener conceptos “ajenos a la prestación del servicio de energía eléctrica”.
La medida tenía como objetivo aliviar la situación de los usuarios, afectados por los sucesivos aumentos de la tarifa del servicio eléctrico, que la volvió impagable para muchas familias.
Pero la quita afectaba directamente a los intendentes, que durante años fueron incorporando en las boletas tasas municipales de distinta índole, aprovechando el alto porcentaje de cobrabilidad.
En su momento, el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) resolvió a fines de junio postergar su aplicación hasta el 1° de enero, bajo el argumento de que “el cumplimiento de la medida implica para los municipios modificaciones en sus sistemas de recaudación y cobro y, para los distribuidores municipales, la adaptación de sus sistemas de facturación”.
Ahora, en una resolución similar, el organismo de control pateó hasta el 1° de julio de este año la vigencia de la medida, al sostener que “a la fecha subsisten las razones invocadas” oportunamente.
El pedido fue unánime por parte de intendentes del oficialismo y de la oposición, ante el panorama que presentaba la negociación del Presupuesto 2019.
Actualmente, el componente impositivo local supera el 6,4% de la boleta de luz y llega al 2,5% de la del gas. En el primero de los casos, incluye la tasa de alumbrado público, un desprendimiento de la de Servicios Generales. Su cobro se tercerizó a principios de los 2000, como forma de asegurar la recaudación cuando se privatizó el mantenimiento del alumbrado.
Además, en el caso de Pilar se cobra también la tasa de Alumbrado en la factura de Edenor, que percibe una comisión por el servicio de cobro.
