Cristina procesada como jefa de una asociación ilícita

La ex presidente Cristina Kirchner fue procesada por el juez federal Claudio Bonadío en la causa judicial que se inició a raíz de las revelaciones del chofer Oscar Centeno. El magistrado consideró a la ex mandataria “jefa de una asociación ilícita” por admisión de dádivas en 22 hechos y por cohecho pasivo en 5 hechos. Además, le dictó un embargo por cuatro mil millones de pesos.
El juez dictó la prisión preventiva de la ex presidente. Como es senadora, para que se concrete la detención a Cristina Kirchner deben quitarle sus fueros parlamentarios. Sin embargo, el magistrado dejó pendiente el pedido de desafuero hasta que la Cámara Federal revise la decisión que firmó ayer, minutos después de las 15. Si la Cámara confirma el procesamiento, entonces se pedirá el desafuero.
En la introducción de la resolución de más de 500 páginas, Bonadío describe el funcionamiento de la asociación ilícita que sitúa entre los años 2003 y 2015, durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Para el juez se “hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”.
Bonadío señaló que “esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos ‘retornos’ o ‘coimas’”.
En la resolución Bonadío también procesó a empresarios y a ex funcionarios del Ministerio de Planificación del kirchnerismo como el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta, señalado por Centeno- su  chofer- como el encargado de la recaudación en bolsos.