Desde las 10 de hoy, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes debatirá el pedido de autorización solicitado por el Gobierno de Nicolás Ducoté para tomar un crédito de 600 millones de pesos. Eso, si la Justicia no hace lugar al pedido de la oposición para suspenderla (ver páina 3).
De esa manera, se saldará un debate que calienta la política desde hace semanas, en el que el gobierno sostiene la necesidad de los fondos para construir asfaltos, en tanto que la oposición alerta sobre el riesgo que entraña las condiciones del préstamo, que se devolverá en UVA, más un interés del 8%. Los más pesimistas, estiman que -inflación mediante- en los 15 años de repago, Pilar terminará desembolsando unos 2.700 millones de pesos.
El conteo de votos previo a la sesión de hoy hace presagiar un escenario de paridad. Hasta ayer, había 12 concejales que habían anticipado su voto afirmativo, en tanto que otros 9 se manifestaron por la negativa. Los 3 restantes que completan la nómina de 24 aún se declaraban indecisos.
Los que están a favor son los 10 ediles del oficialismo más dos de bloques unipersonales: el peronista José Molina y el exmassista Adrián Maciel.
En contra, se manifestaron el Frente Pilarense más sus bloques aliados del peronismo opositor, que totalizan 7 manos. Los dos restantes son los massistas Inés Ricci y Flavio Álvarez.
Paradójicamente, una de las que está en duda es la tercera integrante del bloque massista, Claudia Juanes. Ayer por la mañana, la concejal ratificó que recién tomará la decisión de su voto antes de la asamblea de hoy. Aunque a la hora de dar pistas, subrayó la necesidad de los asfaltos y la capacidad financiera de la Comuna para hacer frente al repago de las cuotas.
Otro de los que aún no definió cómo votará es el peronista Nicolás Darget. Ayer, reiteró que “si se aprueba la llegada del crédito, me interesa saber cómo se controlarán las obras a realizar”. Y, a diferencia del peronismo opositor, vaticinó que “al final del crédito, el Municipio va a terminar pagando $1600 o 1700 millones, a razón de 110 a 140 millones por año”.
Por último, Daniel Liberé, exoficialista actualmente en un bloque unipersonal, es el último en duda. El dirigente se quejó del desplazamiento del mayor contribuyente que él había elegido para representarlo, pero fue pasado a suplente por el Ejecutivo, que puso un hombre propio. El desplazado, Eduardo Bisognin, pidió la suspensión de la asamblea (ver aparte).
Es que, en ese marco de paridad, los mayores contribuyentes pueden tener un voto definitorio. Y, hasta ayer, sus posicionamientos eran un misterio.
