Con las manos de los concejales de Cambiemos, la comisión de Familia del Concejo Deliberante decidió mandar al archivo un pedido de informes acerca del millonario contrato entre el Municipio y una ONG, que sigue generando muchas dudas.
El requerimiento apuntaba a la creación de un observatorio de políticas sociales y, más precisamente, a la contratación de la asociación civil Creando Familia y Futuro, que cobró más de 1,6 millones de pesos para realizar una serie de informes. Sin embargo, en las dos direcciones declaradas por la entidad viven familias que niegan todo vínculo. También lo niegan algunos de los profesionales que fueron contratados mediante una tercerización de servicios para realizar los trabajos solicitados por la Comuna.
El pedido de informes había sido presentado por el bloque del Frente Pilarense y se trató el lunes, en la comisión de Familia del Concejo.
Ese día, ninguno de los impulsores del pedido estaba presente, según explicaron, para expresar su solidaridad con el paro general de ese día.
La concejal Paula González, una de las iniciadoras de la requisitoria, explicó que ante la ausencia de su bloque, el oficialismo decidió mandar el pedido de informes al archivo, lo que terminará de convalidarse mañana, en la sesión ordinaria que ya fue convocada.
“Sistemáticamente, desde el Municipio se oculta la información que se debería dar. Pasó lo mismo con la rendición de cuentas”, se quejó González.
A la vez, adelantó que piensan “seguir insistiendo”, porque les “preocupa que se oculte la información a la gente”.
“Cobro 1,7 millones, y no sabemos dónde está la ONG contratada”, agregó. A la vez se preguntó: “¿Era necesario un diagnóstico a un año de gestión?”.
La comisión de Familia del Concejo está presidida por el massista Flavio Álvarez. Consultado por El Diario, señaló que él propuso dejar el expediente en estudio hasta la semana próxima. Pero aseguró que la los ediles de cambiemos directamente votaron por el archivo. Según recordó, fueron Claudia Zakhem, Claudia Laugas, Gustavo González y Jesica Bortule, que es, además, secretaria de la comisión.
Anoche, Bortule le dijo a El Diario que la decisión se tomó porque “no había nadie de los bloques que propusieron el proyecto”.
Recordó, además, que las dudas sobre la transparencia del contrato son objeto ya de una investigación interna del Ejecutivo, cuyo resultado se dará a conocer públicamente en su momento. De todos modos, admitió que la decisión de enviar el pedido al archivo pudo ser errónea. Así, invitó a los opositores a presentar nuevamente el proyecto para tratarlo.
