Por primera vez, el debate por las cuentas municipales podría salir del ámbito de la política para seguir en los tribunales. Así lo advierten concejales de la oposición peronista, en una carta documento que le enviaron ayer al Tribunal de Cuentas bonaerense, el máximo órgano de control administrativo de la provincia.
Los ediles acusan al gobierno de Nicolás Ducoté de haberles negado intencionalmente el acceso a la documentación que habían solicitado para cotejar con los datos que figuran en el balance.
En la misma carta, advierten que en caso de que se acelere el tratamiento del expediente sin que se les permita examinar el material solicitado, el reclamo pasará a la órbita judicial.
Esa posibilidad está más cercana luego que, ayer por la mañana, la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante aprobara el dictamen favorable a la rendición. De esta forma, el expediente quedó habilitado para ser incluido en el temario de la sesión de este jueves, tal como pretende el oficialismo.
La carta documento fue enviada ayer al Tribunal de Cuentas, con la firma del concejal Silvio Rodríguez, del partido de la Cultura y el Trabajo.
Al mismo tiempo, Rodríguez firmó otra carta junto a Juan Pablo Roldán (Unidad Ciudadana) Paula González y Santiago Laurent (Frente Pilarense). Esta vez, la presentaron por mesa de entradas municipal, dirigida a Ducoté, al que también le informan sobre las supuestas irrgularidades al tiempo que le advierten el derrotero judicial que podría tomar el reclamo.
Según la nota, hubo pedidos formales para ver documentación, fechados el 20 y 25 de marzo, 25 y 27 de abril, 02 y 03 de mayo. En todos, acusan a los funcionarios de “brindar de modo deficiente, o lisa y llanamente ocultar” la documentación.
Insiste que el “Ejecutivo ha incumplido de modo intencional, retaceando información y no poniendo a disposición de este cuerpo la documentación solicitada”.
Entre otras menciona que “han mostrado algunas órdenes de compra y órdenes de pago, pero nunca se nos permitió acceder a los expedientes que dieran origen a ese gasto”.
Además, agrega que “solo se nos habilitó una computadora para 24 concejales, y de 8 a 15 hs, a los fines de acceder al RAFAM, impidiendo además el acceso de nuestros asesores económicos”.
También reclaman que no se les “brindó el listado de personal nominal por área, por salario y por función, a pesar de las reiteradas solicitudes. Igual suerte corrimos con el pedido del inventario patrimonial municipal, que se nos dio en forma parcial y en hojas ni foliadas, ni refrendadas por ningún área o funcionario”.
En ese sentido, señala que los funcionarios “han incumplido de modo consecutivo con los deberes que le impone la función pública evitando que el Concejo pueda recabar todo lo necesario para poder emitir resolución en tiempo y forma”.
En su carta, los ediles hacen “absolutamente responsable” al intendente “por el ocultamiento de documentación necesaria para que este cuerpo pueda expedirse, resultando su conducta y la de los funcionarios a su cargo en comisión pasible de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“Sirva esta presentación de apercibimiento de ocurrir ante la justicia en salvaguarda de los derechos que han sido vulnerados”, concluye la nota.
