La Asociación Civil Construyendo Familia y Futuro, una ONG con sede en Vicente López, quedó bajo la lupa de un sector con la oposición a raíz de un contrato millonario sellado con el Municipio para realizar tareas de asesoría al área social.
De acuerdo a la mirada de los ediles peronismo opositor, el resultado del trabajo realizado por la entidad genera dudas, que incluso podrían llegar a sustanciar una denuncia penal, para que sea la Justicia la que llegue al fondo.
El concejal Federico Achával, del Frente Pilarense, reveló que la ONG “cobró 1 millón 200 mil pesos para hacer relevamientos, y presentó dos informes de 6 páginas”.
“Llama muchísimo la atención, pero hay que seguir investigando, con las dificultades que implica el ocultamiento de información”, se quejó.
Achával integra el interbloque del peronismo opositor que, el jueves pasado, abandonó el recinto del Concejo Deliberante durante el debate por la rendición de cuentas del 2017. El sector denunció que el gobierno de Nicolás Ducoté ocultó intencionalmente información sensible durante el tiempo que dio para analizar los números.
Esa presunta maniobra fue denunciada ante el Tribunal de Cuentas, máximo organismo de control de la provincia. Y podría seguir en la Justicia.
“Cada día que seguimos escarbando encontramos mayores irregularidades”, apuntó Achával que, junto a su equipo sigue “analizando los próximos pasos”.
“Encontramos algunas líneas de ONG que recibían una gran cantidad de fondos que entendemos que no fueron aplicados a los fines para los que se crearon”, señaló.
En una entrevista radial, Achával apuntó que “a partir del ocultamiento, se hace más difícil trazar toda la línea para saber hacia dónde fueron realmente los fondos”.
“Por eso, hicimos la presentación ante el Tribunal de Cuentas y vamos ampliar con casos específicos de las irregularidades”, anticipó.
El caso que dio a conocer en primer lugar es el de la Asociación Civil Asociación Civil Construyendo Familia y Futuro. La entidad tiene sede en la localidad de Florida, partido de Vicente López. Según los registros de la AFIP, comenzó su actividad en abril del 2017. En julio del mismo año, firmó un contrato directo -es decir, sin licitación- con el Municipio por $1.169.000 para el desarrollo del Observatorio de Políticas Sociales.
El trabajo de la entidad se dividió en cuatro ejes: reempadronamiento de los beneficiarios, desarrollo de plataforma de gestión, elaboración de informes sobre políticas sociales y demográficas y apoyo a la gestión de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Humano. Según Achával, el resultado son dos informes de seis páginas cada uno.
Además, Achával anticipó que el compendio de irregularidades detectadas incluye otros aspectos. “Vimos que parientes de funcionarios, con firma y peso en la decisión de las contrataciones, son proveedores municipales, lo que está absolutamente prohibido”, denunció.
Y aunque evitó los nombres, refirió que se trata de funcionarios del área de Hacienda y Tesorería.
“Está documentado y estamos en el proceso de investigación, aunque nos encontramos con la dificultad del ocultamiento de la información”, se quejó.
