El reclamo de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados (OAA) de Pilar contra de la intención del gobierno de permitir la explotación tosquera en el distrito llegó ayer a la Justicia. A través de un recurso de amparo, la entidad ambientalista solicita una medida cautelar que “disponga la inmediata suspensión de toda obra que se pretenda” ejecutar en torno a los proyectos de explotación minera, incluso uno que ya recibió el visto bueno del Concejo Deliberante como una laguna para la práctica de buceo.
La ONG se basa en la ordenanza 8195, que prohíbe la actividad extractiva de tosca en todo el ámbito del distrito. La norma sigue vigente.
A la vez, solicita que se “ordene al Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Pilar y al Honorable Concejo Deliberante del mismo municipio que se abstengan de dictar cualquier norma regresiva que derogue la ordenanza” mencionada.
El abogado Gustavo Madeira, miembro de la ONG, había señalado a El Diario que “las autoridades pilarenses siguen adelante y en vez de parar la pelota para ver lo que denunciamos, insisten con rever la ordenanza que prohíbe las habilitaciones de tosqueras en Pilar”
“Entendemos que estas excavaciones pueden afectar a la reserva de agua dulce más importante, el acuífero Puelche”. Por eso “solicitamos el cese de la ejecución de las obras extrativas de suelo rural y el cumplimiento estricto de la ordenanza 81/95”.
A la vez, vecinos del predio cuestionado, habían asegurado que salen camiones cargados de tosca del lugar y que además la calle que une las 9 hectáreas con la ruta 34, fue entoscada con material sacado de la cantera que en imágenes aéreas se ve claramente que el movimiento de suelo ya fue iniciado, a pesar de no contar con la habilitación.
