Organizaciones sociales pedirán al gobierno municipal que colabore a paliar la situación de familias que fueron desalojadas en Manzone, en medio de un violento operativo en el que actuaron policías y civiles, pese a que la orden judicial estaba suspendida.
La Ctep y otras organizaciones populares pedirán una audiencia con el intendente Nicolás Ducoté. “Hay desinterés del gobierno municipal que no toma en cuenta que hay una ley nacional”, señaló Silvana Arias, referente local de la Ctep.
La dirigente se refirió a la “ley que impide los desalojos por cuatro año si están en los lugares relevados” como barrios populares, que era el caso del que fue desalojado la semana pasada.
El Diario pudo saber que, pese a la ley, la policía habría actuado a través de una ventana jurídica. Según fuentes del caso, luego que el juez de la causa suspendiera el desalojo, un funcionario judicial de la oficina de notificaciones de Pilar le otorgó a los supuestos titulares del terreno una tenencia precaria del predio. Con ese instrumento, ingresaron junto a policías y civiles contratados en la zona, para demoler las viviendas a medio construir y hasta llevarse los materiales en un patrullero.
Tras el hecho, la orden fue revocada y el terreno devuelto a sus tenedores, aunque con las construcciones reducidas a escombros.
“Lanzamos las mesas de movimientos populares y pedimos hablar con Ducoté sobre la realidad de los barrios populares. Vamos a agotar todas las instancias y después procederemos en el marco de la lucha que se está dando”, adelantó Arias.
“El Estado local se tiene que hacer cargo y reponer lo que destrozaron. Vamos a pedir una audiencia con Ducoté para plantearle esta situación”, cerró.
