El Municipio está poniendo en práctica su estrategia para tratar de ampliar la cantidad de contribuyentes que cumplen regularmente sus obligaciones tributarias, estancada desde hace tiempo en un magro 50% de la facturación.
El plan consta, esencialmente, de dos modalidades: facilitar la incorporación de los pequeños contribuyentes, el segmento con menor índice de cobrabilidad, y aplicar todo el rigor de la ley a los grandes morosos.
Para los primeros, comenzará a regir mañana un plan de facilidades de pago. Para el segundo grupo, los castigos son embargos judiciales y la inclusión en el Veraz, la lista negra financiera que significa, entre otra cosas, que el escrachado queda fuera del sistema crediticio.
El plan que se pondrá en marcha mañana alcanza a los deudores de Mantenimiento de la Vía Pública y Servicios Generales que tengan cuotas inferiores a 250 pesos por mes, de Seguridad e Higiene menor de 50 mil pesos y derechos de construcción para edificaciones de menos de 150 metros cuadrados.
El plan implica quitas de hasta el 100% de los intereses y planes de 24 cuotas.
También incluye otros tributos, como Derechos de Cementerio, Patentes de Rodados municipalizados, Publicidad y Propaganda (con deuda de hasta 50 mil pesos), multas, intereses y accesorios.
El subsecretario de Ingresos del Municipio, Juan Carlos Mairano, adelantó la implementación de un portal fiscal donde los vecinos podrán acceder a su número de partida, imprimir la boleta, conocer su deuda e imprimirla. "Incluso, estamos desarrollando una aplicación para celulares”, dijo.
Látigo
Aunque desde sectores del gobierno reconocen que lo que pueda recuperarse con la moratoria a los pequeños contribuyentes no tiene una gran relevancia fiscal, le asignan un alto valor político y simbólico. Sobre todo en lo que hace a la estrategia general.
Es que la contrapartida del plan para los menores deudores es una estrategia de guerra para con los mayores deudores. Y para mostrar que va en serio, el gobierno tomó un caso emblemático para aplicar mano dura.
Esta semana, el mismo Mairano informó que a instancias del Municipio se trabó embargo sobre un country, por una deuda que acumula desde hace varios años y que supera a los 2 millones de pesos.
Se informó también que hay otro emprendimiento en similar situación y que hasta estudian rematar una vivienda de lujo por el monto de su deuda y la cerrada negativa a pagarla.
La pata judicial es una de las que está utilizando el gobierno. La otra es la vieja herramienta del escrache, pero con una variante: en lugar de publicar listados como solía acostumbrarse, esta vez los deudores van directamente a las listas negras del Veraz.
Mairano señaló que se está creando un cuerpo de notificadores municipal para garantizar que los avisos sean fehacientes.
Hasta ahora, dijo, ya se enviaron mil cartas documentos a morosos que acumulan deudas superiores a los 30 mil pesos. Y se prepara otra tanda de mil.
Las intimaciones ponen una fecha perentoria de pago y, caso contrario, pasarán al temible registro.
5
mil partidas del ex ABL no registran ningún pago desde que fueron dadas de alta.
Rechazan el revalúo de ARBA
El revalúo de tierras y edificaciones que realiza la Provincia para actualizar la base imponible del inmobiliario viene cosechando críticas. Primero fueron los intendentes kirchneristas, después, las entidades del agro. Pero el último rechazo es el más impensado: el gobierno macrista de Pilar anticipó que no dará su aval a los aumentos siderales que plantea la Provincia.
El secretario de Ingresos Públicos, Juan Carlos Mairano, fue contundente: "No vamos a avalar los montos que propone ARBA, porque podrían representar aumentos desmedidos en el impuesto inmobiliario”.
El funcionario señaló que los valores que se buscan establecer son equivalentes al 70% de los precios de mercado, lo que implicaría una suba de entre el 1.000 y el 2.000% respecto a las valuaciones actuales.
Aunque el funcionario indicó que ARBA aplicará sus propios valores, y dijo desconocer cómo impactará en las boletas ese revalúo, ya que dependerá de la ley fiscal y de la alícuota.
Mairano anticipó, además que no se usarán los valores de ARBA para fijar las tasas locales.
"Nosotros nos vamos a despegar de ese revalúo. Sabemos que cuando un impuesto sube mucho, el contribuyente sacrifica otro”, añadió Mairano, temiendo que contribuyentes puedan dejar de pagar tasas locales por los aumentos del inmobiliario bonaerense.
