Estaba acusada de facilitar adopciones de niños a familias de alto poder adquisitivo. Además se hizo "famosa” por las repetidas ausencias en su trabajo. Tenía a su cargo el Juzgado de Familia Nº 1 de Pilar. Una anécdota: el gobierno de Humberto Zúccaro la había nombrado ciudadana ilustre.
Renunció jueza acusada de adopciones irregulares
Ayer, Alejandra Velázquez, de ella estamos hablando, renunció a su cargo, cuando se encaminaba a la destitución. La noticia fue confirmada a El Diario por el Colegio de Abogados de San Isidro, cuerpo colegiado que efectuó la denuncia y la posterior acusación. La renuncia no exime a Velázquez de la causa penal que deberá enfrentar por cargos "graves”, tal como señalaron fuentes judiciales.
El expediente de Velázquez es profuso en denuncias y testimonios contra sus actuaciones, donde consta que no habría sido la autora de la mayoría de sus resoluciones, ya que en muchas de las oportunidades en las que aparecía rubricándolas, los registros de migraciones la encontraban en el exterior. Sólo en el año 2014, se ausentó del juzgado durante 203 días laborales.
A mediados del año pasado, con el voto unánime de sus integrantes, el organismo había decidido denunciar y acusar a la jueza ante ése Jurado "por considerarla incursa en las causales de destitución previstas por los artículos 20 (delitos) y 21 (faltas) de la ley 13661”.
Velázquez cobró notoriedad en los medios por el caso de Ana Alianelli, una mujer pilarense, cuyas hijas debieron volver a vivir a Estados Unidos con su padre, nativo de dicho país, a pesar de la opinión contraria de las nenas.
Ese trámite desnudó en principio la desaprensión de la magistrada y fue uno de los que permitió con la posterior profundización de la investigación que se detectaran irregularidades de mayor gravedad, relacionadas con entregas sospechosas de menores y tenencias de hecho.
Las acusaciones son graves: más allá de las reiteradas ausencias a su trabajo, la magistrada habría actuado en forma negligente en casos de adopciones, guardas y procesos de abrigo de menores.
Es que, según lo que pudo saberse (sin mayores detalles por estar menores involucrados), la jueza habría presionado a mujeres pobres y embarazadas para que dieran a sus hijos en adopción.
También dentro del expediente al cual el Colegio de Abogados de San Isidro aportó numerosos testimonios, figuran denuncias como la de las trabajadoras sociales que se desempeñaban a su cargo en el juzgado a las cuales les propuso realizar un "trabajo extra” a su labor en el tribunal a efectos de captar niños en situación de adoptabilidad o mujeres embarazadas que desearan dar a sus hijos en adopción, a las cuales instaba a que salieran a "conseguir panzas”.