Tras el despido de dos de los tres empleados del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Pilar, desde el kirchnersimo advirtieron sobre la posibilidad de cierre de la institución, que pone al servicio de los ciudadanos instancias de mediación y brinda asistencia social y psicológica gratuita.
Advierten que podría cerrar el Centro de Acceso a la Justicia
La diputada provincial Lucía Portos dio a conocer la situación, al tiempo que pidió la intervención del intendente Nicolás Ducoté para evitar el desmantelamiento del organismo, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
“ Por goteo vienen lloviendo los telegramas de despido a las trabajadoras del Centro de Acceso a la Justicia de Pilar y del resto de los CAJ del país”, sostuvo Portos. En el local que funciona en Lorenzo López 236, ya despidieron a la psicóloga y la trabajadora social. Solo sigue en funciones la coordinadora.
“Cualquiera que conozca un CAJ y a su personal sabe que son incansables trabajadores militantes. Militantes, sí, porque no descansan hasta solucionar los problemas de quienes acuden al CAJ buscando respuestas, porque les indignan las injusticias, porque se rebelan ante las inequidades. Nada más lejano a un ñoqui que estas compañeras que no conocen de horarios laborales, sábados, domingos o vacaciones”, sostuvo Portos.
“En un CAJ puede asesorarse cualquiera, gratuitamente. Se asiste psicológicamente a personas en situaciones de vulnerabilidad. Se da consejo jurídico a quienes necesitan que la Ley de una vez por todas se ponga a su favor. Se acompaña integralmente a víctimas de violencia. Se trata de ayudar a que los damnificados accedan a subsidios para reparar crisis habitacionales. Se escucha a todos. No se cobra nada”, explicó.
Y pidió al intendente Nicolas Ducote que “no sea cómplice de los desaguisados del Gobierno nacional y tome cartas en el asunto”.