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Por la crisis, la Provincia no podrá vigilar de cerca a las empresas

Se suspendió la creación de una oficina ambiental en el Parque Industrial de Pilar. Lo anunció la Autoridad del Agua, mencionando los problemas económicos del gobierno bonaerense.
14 de julio de 2012 - 00:00

Producto de la crisis económica que está atravesando la Provincia de Buenos Aires, la Autoridad Del Agua (ADA) manifestó que el inicio del funcionamiento de una oficina ambiental en el Parque Industrial de Pilar ha sido suspendido.

El anuncio fue realizado en los últimos días en la ciudad de Luján, en el marco de la reunión del Comité de Cuenca del río Luján con su Comisión Asesora y diversas instituciones estatales, como la mencionada y el Órgano Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

Dicha oficina, cuya creación ha sido suspendida por el momento, iba a tener como objetivo el controlar de manera más cercana y precisa a las empresas del Parque Industrial, en especial por los vuelcos que algunas de las firmas realizan en el río Luján, actividad que frecuentemente ha sido señalada como contaminante por diversas asociaciones ambientalistas.

Precisamente, las descargas del Parque en el río son uno de los 45 impactos ambientales señalados a principios de este año por la comisión asesora a lo largo del Luján: la cifra surgió de un relevamiento realizado por diversas ONG ambientalistas, desde Suipacha hasta Tigre.

En este sentido, desde la Comisión Asesora –representada por Marina Lemos y Adriana Anzolín- “se reiteró la necesidad de tener respuesta sobre los puntos de conflicto, y el pedido de conocer información sobre el estado del plan maestro”.

A su vez, se destacó la importancia “de la coordinación entre OPDS y ADA en lo relacionado a fiscalización de vuelcos, presentando concretamente el caso de la papelera de Pilar, que sigue en las mismas condiciones”, refiriéndose así a una de las empresas del Parque, señalada por sus vuelcos.

Sin embargo, también existieron cortocircuitos: desde el Comité de Cuenca reprendieron a la Comisión Asesora por hacer pública la información, luego tomada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia (ver aparte).

 

Emergencias

En el mismo encuentro, el representante del Consejo de Emergencias, Nicolás Monza, se refirió al trabajo que se está realizando para otras cuencas de la provincia, principalmente en el tema de riesgo de inundación (que representa el 80 a 90% de los riesgos de la provincia) y la vulnerabilidad social frente al problema.

Así, se ofreció al Comité generar un convenio de colaboración con miras a lograr planes de contingencia municipales coordinados por el CE mediante un sistema de cooperación de recursos. A su vez, se destacó la necesidad de dejar de utilizar a las escuelas como centros de evacuados, comenzando a pensar en otros predios que puedan cumplir esa función.

Por parte del Ministerio de Infraestructura, y con respecto a la licitación de la consultora que llevará a cabo los estudios de la Cuenca del río Luján, se manifestó que aún el expediente no ha culminado la primera vuelta de trámites posterior al visto como de la parte técnica. En este sentido, pronto pasaría al directorio del ADA para la apertura de sobres con propuestas económicas, para posteriormente volver a realizar el circuito administrativo previo a la adjudicación e inicio.

Además, se destacó que la consultora se va a nutrir del intercambio con la comunidad y con el Comité de Cuenca, mencionando el trabajo recientemente realizado en la Cuenca del río Areco, con una marcada participación de la comunidad. La financiación de este estudio (plan maestro) llega con fondos de la Provincia.

 

Enojados por la difusión 

Desde la Comisión Asesora del Comité de Cuenca, afirmaron que existió un “reto” por difundir datos de la realidad ambiental de la zona, lo que disparó un pedido de informes a los municipios por parte de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. “Antes de darnos la palabra –confirmaron-, el Presidente del Comité nos cuestionó el hecho de que la información de la Comisión Asesora hubiese sido utilizada por el Defensor del Pueblo, para pedir informes a los municipios”. Y agregaron: “Nosotros respondimos que una vez que la información ha sido consensuada en la Comisión y comunicada al Comité, tiene carácter público y es de libre disponibilidad”.

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