La ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez, presentó el proyecto.
Las nuevas urbanizaciones cerradas, cementerios privados y centros comerciales de más de 5 mil metros cuadrados que se instalen en la Provincia deberán ceder a los Municipios el equivalente al 10% del territorio de sus predios, tierras que serán destinadas al desarrollo de planes de vivienda social.
Así será si prospera en la Legislatura bonaerense el proyecto de Hábitat Popular impulsado por la administración del gobernador Daniel Scioli.
Con esa iniciativa, el gobierno busca solucionar uno de los mayores problemas que afecta a numerosas comunas a la hora de planificar la construcción de viviendas sociales: la falta de tierras aptas. Ese es, por caso, el mayor obstáculo que se presenta en Pilar para la llegada de los planes habitacionales que financia la Nación.
La iniciativa, que fue presentada el martes por la ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez, también prevé aumentar fuerte la presión fiscal sobre los lotes baldíos y generar un impuesto extraordinario a las tierras beneficiadas por un cambio de zonificación.
Así, si por una decisión administrativa del Municipio un terreno pasa de ser considerado rural a la categoría de urbano –con un consecuente aumento sustancial del valor de la tierra- debería pagar una tasa municipal diferenciada.
Esos fondos adicionales también deberían destinarse, según el proyecto, al financiamiento de la construcción de viviendas sociales.
Tres ejes
La ministra de Infraestructura bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, anunció que el Plan de Hábitat Popular “ampliará y modernizará las actuales políticas de promoción de hábitat, que han superado el récord histórico de la provincia, con la construcción de 28.000 viviendas desde 2007 a la fecha”.
Durante la presentación del proyecto, el último martes, la ministra explicó que “nuestra idea con el gobernador, Daniel Scioli, fue elaborar una legislación moderna que recoja los contenidos y las ideas recomendadas por los principales organismos internacionales, como la ONU - Hábitat, y que hoy son aplicadas en las más importantes ciudades y regiones de Latinoamérica y el mundo”.
Asimismo, se explicó que el proyecto “está anclado sobre tres pilares fundamentales que proponen herramientas y procedimientos de gestión del hábitat: Emprendimientos Autogestivos de producción social; integración socio urbana de villas y asentamientos; y fomento del crédito para la mejora del hábitat popular”.
En la presentación, se explicó que los emprendimientos Autogestivos de producción social permiten la presentación de proyectos de urbanización social facilitando la tramitación administrativa y estableciendo parámetros mínimos de habitabilidad.
La propuesta de integración socio urbanas de villas y asentamientos, “es aún más flexible y propone la urbanización de las villas y asentamientos precarios mejorando y ampliando las estructuras vigentes en la medida de su aprovechamiento y permitiendo relocalizaciones de ser necesario”, según se anunció.
La tercera propuesta, el fomento el crédito para la mejora del hábitat popular, permite acceder a un micro crédito para mejoramiento del hábitat popular destinado a familias de bajos recursos con déficit urbano habitacional y que no son consideradas sujetos de crédito por la banca formal, ya sea por sus bajos ingresos o por carecer de garantías reales.
“En términos históricos, lo que teníamos como normativa, la Ley General de Vivienda de la Provincia fue revolucionaria hace 60 años, en el período del gobernador (Víctor) Mercante. Pero hoy ha quedado desactualizada”, señaló la titular de la cartera de Infraestructura.
En ese sentido, destacó que “este proyecto nos brindará la llave para poder dar respuesta a muchas familias que lo necesitan en nuestra provincia”.
Réplicas
Quejas desde las urbanizaciones
El proyecto para que los nuevos countries que se radiquen en la provincia cedan parte de su territorio para urbanizaciones sociales ya generó las primeras réplicas desde el sector. Ayer, en una nota publicada por el diario La Nación, el gerente de la Asociación Argentina de Clubes de Campo, Jorge Juliá, rechazó la iniciativa.
“Es una locura. ¿Y los barrios abiertos no van a dejar nada para vivienda social? Una cesión del diez por ciento más que el resto de los contribuyentes no tiene sentido”, dijo y advirtió que “esto no les va a gustar a los desarrolladores urbanísticos. No sé si puede tener validez jurídica. Después de todo, la legislación actual (la ley 8912) ya prevé cesiones para espacios”.