El Concejo aprobó por unanimidad la ordenanza, pero podrían cambiarla.
Con la intención de evitar el veto parcial que había esbozado el intendente Humberto Zúccaro, funcionarios y concejales comenzaron esta semana a analizar una serie de cambios a la recientemente aprobada ordenanza de menores que establece, entre otras cosas, la posibilidad de multar a padres de chicos que estén ebrios o cometan desmanes en espacios públicos.
La ordenanza fue aprobada hace unos 10 días y aún no fue promulgada. De todos modos, los tiempos apremian: si a fines de esta semana no se introducen las modificaciones, deberá ser aprobada o vetada tal como está.
Las principales dudas pasan por la posibilidad de trasladar a los menores que cometan infracciones a las comisarías, donde podrían ser retenidos incluso por un máximo de seis horas hasta tanto sean retirados por sus padres.
Dentro del propio gobierno hay quienes consideran que esa medida sería de difícil cumplimiento, sobre todo a la luz de varios fallos judiciales que pusieron límites a la detención de menores.
Una de las ideas alternativas que se baraja es la de colocar como destino del traslado a algún hospital o centro de salud en lugar de la sede policial.
Otro de los aspectos que genera dudas es la comprobación del estado de ebriedad por parte de los menores, una situación gris que podría ser usada por los padres para apelar la aplicación de sanciones. Para eso, se analiza si será necesario que los inspectores hagan sus recorridos con alcoholímetros como los que usan en los controles viales.
Una duda adicional es la que se genera en torno a la posibilidad de sancionar a los padres con trabajos comunitarios. Esa situación obligaría al Estado a contar con una cobertura especial de seguros ante eventuales accidentes.
¿Cárcel?
La ordenanza aprobada por los legisladores establece multas de 2.400 hasta 8 mil pesos para los padres de menores que se embriaguen o produzcan desmanes en la vía pública. Esa sanción podría ser canjeada por trabajo comunitario.
De todos modos, el punto más controversial de la ordenanza es el que establece penas de hasta tres días de arresto para los infractores que se nieguen a pagar las multas o a cumplir con las tareas impuestas.
Lo que hasta el momento no se definió es si las posibles modificaciones a la ordenanza se impondrán en su reglamentación por parte del Departamento Ejecutivo o si los cambios serán tales que requerirán de una nueva ordenanza dictada por el Concejo.