El oficialista Saric presentó su proyecto. “Es una idea que se puede cambiar”, dijo.
El Concejo Deliberante se apresta a dar el debate de una nueva ordenanza que regule la habilitación de supermercados en el distrito, una discusión que tendrá a la nacionalidad de los empresarios como su punto más polémico.
El bloque oficialista presentó ayer su proyecto, que será debatido en la comisión. Tanto la presidenta del bloque, Liliana Alfaya, como el autor de la iniciativa, Miguel Saric, definieron al texto como un borrador que desde ahora quedará abierto al aporte de los distintos sectores políticos y sociales.
Los primeros que intervendrán serán los interesados directos. Hoy se presentará en el Concejo un proyecto al que ayer terminaron de darle forma entre todas las cámaras comerciales del distrito.
Aunque los lineamientos de esa segunda iniciativa recién se harán públicos hoy, se sabe que hay una diferencia de fondo con el proyecto Saric. Es que el que presentó el legislador oficialista obliga a los empresarios interesados en abrir un autoservicio a demostrar entre dos y tres años de residencia en el distrito. Se supo que el de los comerciantes, en tanto, no hará mención al origen de los inversores.
El resto de los lineamientos de ambos proyectos serían más similares. Apuntarían a regular la distancia entre un local y otro, además de fijar los parámetros de construcción y servicios.
Concentración
El proyecto presentado ayer por Saric tiene entre sus lineamientos centrales la prohibición de instalar un supermercado a menos de 400 metros de otro que ya esté funcionando. De esa manera, busca evitar la saturación del mercado.
Por otro lado, obliga a todo autoservicio a contar con playa de estacionamiento propia pegada al local de venta. Saric explicó que, de lo contrario, suele suceder que un supermercado alquila un terreno algo alejado para usarlo como playa pero que, una vez conseguida la habilitación, rescinde el contrato y se queda sin lugar para que sus clientes estacionen.
“La calle no es playa de estacionamiento”, subrayó Saric, quien exige además que los playones tengan al menos 120 metros cuadrados más que el propio local de venta.
Esas y otras medidas fueron inspiradas en las ordenanzas que se aplican en otros municipios de la región. También la que exige un mínimo de entre dos y tres años de residencia para conseguir la habilitación.
Este último punto tiene un objetivo claro: limitar la instalación de supermercados de propietarios chinos. Además, prohibiría directamente la radicación de los supermercados de las grandes cadenas trasnacionales. Al menos, los de menor tamaño, ya que los hipermercados están regulados por ley provincial.
El propio Saric, sin embargo, se encarga de aclarar que el blanco de la reglamentación no son los comerciantes chinos sino de cualquier nacionalidad e incluso los argentinos, ya que los únicos protegidos serán los vecinos de Pilar.
La preocupación por la extranjerización del rubro es compartida por las cámaras, que ven al proceso como parte de una tendencia a la concentración económica de un rubro clave.
De hecho, la semana pasada la Cámara de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (Scipa) difundió un informe que daba cuenta de la creciente proporción de supermercados de origen extranjero en el centro: diez locales de un total de dieciséis relevados en 15 cuadras a la redonda de la plaza 12 de Octubre pertenecen a empresarios extranjeros, la abrumadora mayoría de ellos chinos. Se sabe que el resto de las cámaras de comercio de las localidades realizó los mismos estudios, con resultados similares.
Sin embargo, pese a la preocupación que expresaba el informe por la monopolización del supermercadismo en manos extranjeras, el tema de la nacionalidad quedaría afuera del proyecto.
Dos meses
En su última sesión ordinaria, el Concejo Deliberante suspendió durante 60 días la habilitación de nuevos supermercados. En ese lapso, se dijo, los ediles analizarán modificaciones al régimen legal que regula el sector. Esos proyectos, uno de los cuales se presentó ayer, tienen ahora por delante 45 días para ser sometidos a debate.