Zúccaro debe decidir si veta o promulga la ordenanza.
Luego que el intendente Humberto Zúccaro deslizara la posibilidad de vetar parcialmente la ordenanza que fija sanciones para los padres de menores alcoholizados, comenzó a correr la cuenta regresiva: la semana que viene, cuando se cumplan diez días de la sanción de la nueva norma, el jefe comunal deberá decidir si la promulga tal como fue votada o si, por el contrario, aplica la tijera.
Para eso, el texto de la ordenanza pasará por las oficinas de los asesores técnicos del intendente en busca de resolver las dudas respecto a algunos puntos de la ordenanza. Principalmente los que tienen que ver con la detención de los menores ebrios y el cobro efectivo de las multas a su padre, el corazón mismo de la legislación.
Uno de los actores centrales en el eventual funcionamiento de la nueva ordenanza será el juez de Faltas Sebastián Zamarripa, principal autoridad de aplicación de la norma.
Ayer, en diálogo con El Diario, Zamarripa deslizó sus reparos sobre la modalidad de las sanciones.
El funcionario señaló que “no haría tanto hincapié en las multas. El que tiene plata, las paga y listo, y el que no está en condiciones no las va a pagar”, señaló.
Para Zamarripa, lo ideal hubiera sido implementar charlas obligatorias que alerten a los padres sobre los peligros del alcohol en sus hijos y que les den herramientas para afrontar el tema en sus casas.
Respecto a la detención de menores, Zamarripa compartió las dudas de Zúccaro. Para el juez de Faltas, se trata de un tema de competencia provincial más que municipal. De todos modos, concedió que “los concejales habrán estudiado el tema a fondo” antes de incluirlo en el proyecto.
De todos modos, Zamarripa se mostró de acuerdo en líneas generales con la ordenanza durante cuya elaboración estuvo reunido con los ediles para aportar su punto de vista.
Asimismo, opinó que no es necesario ampliar el plantel de inspectores para aplicarla.
Polémica
Las dudas de Zúccaro causaron malestar en el Concejo, sobre todo en los bloques de la oposición, que hicieron escuchar sus críticas al intendente y, sobre todo, a su aparente falta de diálogo con el bloque oficialista de concejales.
Desde el propio oficialismo, en tanto, el concejal Miguel Saric pidió que la ordenanza se aplique tal y como se votó.
La ordenanza aprobada el lunes de esta semana fija una multa de entre 8 mil y 20 pesos para los responsables de los menores ebrios o causantes de disturbios.
La alternativa es la realización de trabajos comunitarios con un máximo de 20 horas.
En tanto, impusieron que el comerciante que venda alcohol a menores deberá pagar desde los 8 mil hasta los 40 mil pesos de multa y podrá sufrir una clausura de hasta 30 días.