Con multas más duras, se aprobó la ordenanza de minoridad

Los padres de chicos ebrios podrían pagar hasta 8 mil pesos, y los boliches que vendan alcohol, hasta 40 mil. Los ediles votaron por unanimidad. Pidieron al gobierno compromiso para aplicar la norma.

24 de agosto de 2010 - 00:00

 

En medio de un marcado clima de consenso, el Concejo Deliberante aprobó ayer por unanimidad una reforma al Código Contravencional al que incorporó duras multas para padres cuyos hijos sean encontrados ebrios en la vía pública y para dueños de boliches que permitan el ingreso de menores. Para los primeros, las sanciones irán de los 2.400 pesos a los 8 mil pesos. En el segundo caso, el piso del punitorio será de 8 mil pesos y podrá llegar hasta los 40 mil.

La votación de ayer fue el último paso del debate del proyecto, que llevó varios meses de reuniones con referentes de diversos sectores sociales y, sobre todo, con los responsables de la aplicación efectiva de la norma.

Justamente, la necesidad de garantizar que el gobierno haga cumplir la nueva ordenanza fue el eje de la mayor parte de los discursos de la sesión de ayer.

Tanto los oficialistas Miguel Saric y Liliana Alfaya como los opositores Diego Ranieli y Gustavo Trindade coincidieron desde sus bancas en la importancia de que la ordenanza sancionada ayer pueda ser aplicada.

La sesión se llevó a cabo ayer al mediodía ante un público numeroso, principalmente compuesto por docentes, directivos de escuelas y un grupo de padres del colectivo Pilar Seguro.

 

Chicos

La nueva ordenanza establece que en caso de que los infractores sean menores edad, “la fuerza pública que colabore en la verificación de los hechos quedará facultada para trasladarlo compulsivamente a su domicilio”. Pero eso no fuera posible, podrá permanecer demorado hasta un máximo de 6 horas a la espera de un mayor responsable.

Así, será su padre o tutor el que recibirá las sanciones, que podrán ser multas equivalentes a un mínimo de 3 sueldos municipales y un máximo de 8. Esa sanción podrá ser canjeada a criterio del juez de faltas por hasta 20 horas de trabajos comunitarios.

Las conductas punibles para los menores serán las de beber o circular en estado de ebriedad en la vía pública, provocar disturbios o estar en lugares u horarios prohibidos.

De todos modos, las mayores sanciones están estipuladas para los dueños de locales nocturnos que incumplan una serie de restricciones que, si bien ya estaban vigentes en su mayoría, tendrán desde ahora multas más duras.

En el caso los boliches, tendrán prohibido dejar ingresar menores después de las 23 o permitir que se mezclen con mayores antes de esa hora; deberán impedir el ingreso de clientes después de las 2 de la madrugada y cerrar como máximo a las 5.30.

También se ratifica la prohibición de la venta de energizantes y los concursos y promociones que incentiven el consumo de alcohol.

A los infractores podrían caberles multas de hasta 40 mil pesos y hasta 30 días de clausura.

El oficialista Miguel Saric fue el primero en hablar. Recordó la historia de idas y vueltas que tuvo la aplicación de la medida, algunos de cuyos aspectos ya estaban vigentes, aunque no se cumplían. “No hubo actitud para aplicarla, se tiraban todos la pelota de uno a otro”, dijo.

Por su parte, el denarvaísta Diego Ranieli auguró que la ordenanza puede ser una ayuda para que los padres asuman un mayor grado de responsabilidad, y coincidió en reclamar mayor responsabilidad al Ejecutivo a la hora de labrar las actas que derivarán en las sanciones.

El felipista Trindade resaltó su “obligación moral de acompañar” la ordenanza pero advirtió que “de nada vale la mejor legislación si no se aplica”.

El cierre de los discursos estuvo a cargo de la presidenta del bloque oficialista y de la comisión de Seguridad del Concejo, Liliana Alfaya, quien resaltó la importancia del consenso obtenido y de haber puesto en discusión la problemática del alcohol en los adolescentes.

“Le queremos decir no al alcohol en nuestros pibes, que cada uno tenga el derecho a decir qué les sucede y cuándo”, sostuvo.

La edil resaltó que Pilar es el primer municipio del conurbano en sancionar una ordenanza de este tipo y llamó al resto a imitarlo.

 

Arresto  

La ordenanza sancionada ayer por el Concejo establece que ante el incumplimiento de una sentencia que obligue a la realización de tareas comunitarias “el juez podrá imponer la pena de hasta tres días de arresto” al infractor.

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar