Alfaya adelantó que el proyecto se votará el lunes en una sesión extraordinaria.
Los padres de menores que beban alcohol en lugares públicos o sean identificados provocando desmanes tendrán que pagar al menos 2.400 pesos de multa.
Ese es el monto que el Concejo analiza fijar como castigo para los adultos responsables de menores que se encuadren en alguna de las conductas tipificadas en la ordenanza que reformará el código contravencional vigente desde 1982.
Además de las sanciones económicas, el proyecto contempla también la realización de un mínimo de 20 horas de tareas comunitarias.
Ambos castigos podrán ser canjeables entre sí o combinados, de acuerdo al criterio del juez de Faltas Municipal, que será la autoridad de aplicación de la nueva norma.
La presidenta del bloque de concejales oficialistas y de la comisión de Seguridad del deliberativo, Liliana Alfaya, adelantó que el proyecto se tratará mañana en comisión. La idea es convocar a una sesión extraordinaria para el próximo lunes para votar la iniciativa.
Según Alfaya, hay consenso entre la mayoría de los bloques para sancionar la norma. De todos modos, admitió que hay algunos aspectos que aún requieren de la opinión de los asesores letrados del cuerpo.
La principal duda radica en la aplicabilidad de una sanción adicional que analizan fijar para los padres de menores que reincidan en las conductas desaprobadas por la norma. En ese caso, la intención es quitarles por un plazo no menor los seis meses la licencia para conducir.
El monto de las multas es también un tema que aún deberá tener algo más de discusión. Es que aunque existe consenso sobre los mínimos de las sanciones tanto económicas como de trabajo comunitario, no está fijado el máximo de la escala.
Aplicación
Alfaya señaló los insistentes pedidos de “padres de diferente condición social” para que se sancione la medida. Y apuntó a la necesidad de un “fuerte compromiso social” para ver sus efectos.
“Sin el compromiso de la sociedad, la mejor ley y los mejores controles del Estado no sirven. Esto es para cuidar la salud y la integridad de los chicos”, sostuvo la concejal.
La aplicabilidad de la medida es, a su vez, uno de los puntos a tener en cuenta por los ediles. “No queremos sacar una norma que nos satisfaga intelectualmente pero que no podamos aplicar. Por eso demoramos más: para poder alcanzar los consensos”, sostuvo Alfaya.
Una de las medidas que se tomarán para eso es la derogación de las normas que se superpongan con la que se busca sancionar, como la que desde el año pasado prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública y ya prevé sanciones para padres. Los contenidos de esa y otras normas se unificarán en el nuevo proyecto, que se incluirá en la ordenanza contravencional 44/82.
El denarvaísta Diego Ranieli, por su parte, se mostró de acuerdo con el espíritu de la nueva normativa, pero pidió poner el acento en su aplicación.
“Aunque sea la mejor ley, si no se aplica no sirve. Nosotros le damos herramientas al Ejecutivo, pero es éste el que debe aplicarlas”, señaló Ranieli.
El concejal subrayó la necesidad de capacitar a los inspectores que controlarán las infracciones. “Si no, después hacen mal las actas y se cae en las apelaciones”, sostuvo.
Tolerancia 0, sanciones 0
Desde el año pasado, rige en Pilar una ordenanza que se conoció como de “tolerancia 0” al alcohol. La mayor novedad que introdujo, fue la de prohibir el consumo de bebidas en la calle. Pero desde su aprobación, nunca se llegó a una sanción efectiva por su incumplimiento.
