El sindicalista Luis Molina (centro) revisa la ordenanza con los ediles.
Los trabajadores municipales del distrito recibieron anoche una buena noticia, de esas a las que no están demasiado acostumbrados. Desde ahora, y por ordenanza, el Estado Municipal los ayudará en el último tramo de su vida laboral para que los haberes que reciban una vez que se jubilen sean un poco menos magros.
Para que eso pase, tres años antes de que cada agente municipal cumpla la edad jubilatoria -65 años para los hombres, 60 para las mujeres- será ascendido de categoría. Así, como en el caso de los municipales la jubilación está atada al salario del trabajador en actividad, la recategorización se traducirá en un mayor haber.
La norma fue aprobada anoche por unanimidad del Concejo Deliberante, en un trámite que tuvo algunas particularidades. En primer lugar, prosperó pese a que no fue impulsado por el oficialismo sino por un opositor –el denarvaísta Diego Ranieli- y a que compromete partidas presupuestarias municipales. Así y todo, tuvo un trámite record: el proyecto fue presentado el viernes de la semana pasada y ayer ya se convirtió en ordenanza.
Antes de la votación, Ranieli destacó que la medida “es para ayudar a la situación de los trabajadores” y reconoció el apoyo recibido por parte de todos los bloques, incluido el oficialismo, sin cuyas manos mayoritarias es imposible que cualquier expediente prospere.
Críticas
El buen destino del proyecto estaba sellado de antemano. Prueba de eso fue la presencia en el recinto de sesiones del secretario general del sindicato municipal de Pilar, Luis Molina, acompañado por la mayor parte de la comisión directiva del gremio en Pilar.
Antes de la votación en general y tras asesorar a los ediles para realizar un cambio técnico en el articulado de la ordenanza, Molina pudo hacer uso de la palabra durante un cuarto intermedio de la sesión.
El sindicalista aprovechó para agradecer a los concejales pero también para hacer notar la situación de precariedad salarial que sufren los trabajadores municipales, a los que muchas veces “el sueldo no les alcanza para llenar la mesa y darle de comer a sus familias”, señaló.
Así, resaltó que la responsabilidad es de una ley, la 11.757 de la Provincia, que precariza las condiciones laborales del sector y otorga facultades amplias a los gobiernos comunales para fijar salarios y caducar contratos.
“Es una ley basura que se dictó en 1996”, lanzó Molina, y culpó al entonces gobernador Eduardo Duhalde y al ex secretario general de la federación de trabajadores municipales bonaerenses, Alfredo Atanasof, por su aplicación.
Desde hace años, los gremios vienen reclamando la derogación de esa ley. Lo harán nuevamente el 28 de junio cuando se movilicen para exigírsela al gobierno de Daniel Scioli.