Luis Molina, secretario general de los municipales.
El sindicato de Trabajadores municipales volvió a transmitirle al gobierno local su reclamo de aumento para el salario básico de los trabajadores del sector. Lo hicieron ayer, a través de un pedido de audiencia con el intendente Humberto Zúccaro, formalizado por la dirigencia del gremio, encabezado en Pilar por Luis Molina.
El pedido de aumento local es parte de una estrategia más amplia de los municipales a nivel provincial y nacional, donde iniciarán un plan de lucha para presionar por la aprobación de una ley que obligue a los gobiernos locales a sellar acuerdos paritarios con los representantes de los trabajadores.
Esa posibilidad actualmente no está contemplada en las leyes que regulan el trabajo municipal, pero tampoco está vedada. De hecho algunos municipios del Conurbano, como por ejemplo Tigre, estipularon sus paritarias por ordenanza municipal.
Molina aseguró a El Diario que en sus conversaciones Zúccaro, el mandatario local descartó la adopción de una medida similar en Pilar sin que exista una obligación legal de hacerlo.
El próximo 28 de junio, la federación nacional de los municipales organizará marchas simultáneas a los palacios legislativos de todas las provincias en las que tiene representación. En el caso de Buenos Aires, se reclamará también la derogación de la ley 11.757, que regula el régimen de contrato municipal y permite contratos precarios sin límites de tiempo, fijación unilateral de los salarios por parte de los gobiernos comunales, entre otras arbitrariedades.
“Esa ley nos quitó derechos adquiridos. Fue sancionada en los 90, de la mano de Eduardo Duhalde como gobernador y de Alfredo Atanasof como secretario general de la federación”, recordó Molina.
En el caso local, el sindicalista prefirió no especificar el monto del aumento que le pedirán a Zúccaro cuando los reciba, una situación que estima esperable para la semana que viene.
En lo que va del año, el gobierno municipal ya otorgó un aumento de 100 pesos al básico de los trabajadores, un monto que, además de ser inferior a todos los acuerdos alcanzados por trabajadores estatales y privados, el gremio considera que fue absorbido por los aumentos de precios.