Alfaya quiere una fiscalía para Del Viso, donde conduce el foro de seguridad.
Concejales de diferentes bancadas deliberativas coincidieron en una misma preocupación: facilitar el acceso a los servicios de justicia para los vecinos de las localidades el distrito más alejadas del centro de la ciudad. En dos casos, esa inquietud tomó la forma de proyectos legislativos que, se tratarán esta tarde, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante prevista para las 19.
Uno de los expedientes fue elaborado por la opositora Rosa Baiz y el otro por la oficialista Liliana Alfaya. El primero, pide la instalación de fiscalías en distintas localidades del distrito y tiene a Presidente Derqui como destinataria de la primera. El otro, pide que sea Del Viso la punta de lanza del solicitado desembarco judicial.
Baiz aseguró que viene trabajando desde hace tiempo en su proyecto. Y que fueron las reuniones con vecinos de diferentes barrios las que terminaron de darle forma y de inclinarla por Derqui a la hora de solicitar la instalación de una nueva sede del ministerio público fiscal.
“Tendría que ser en los barrios donde hay más urgencias en materia de seguridad. Toro, La Escondida, Monterrey Sur”, enumeró Baiz a modo de ejemplo.
La concejal del bloque Compromiso Cívico justificó el pedido en que muchas veces “la gente no tiene dinero para tomar un colectivo que lo lleve a Pilar, donde funciona desde hace una década una sede descentralizada de la fiscalía del departamento judicial de San Isidro.
El proyecto de la edil contiene, a su vez, un pedido de información; concretamente, solicita tanto a la Fiscalía como a la Jefatura Distrital de la Policía que aporte estadísticas sobre la distribución territorial de los casos en los que debe intervenir.
“Hay situaciones que son desesperantes, gente que no pude trasladarse, personas con discapacidades, apuntó Baiz.
Ubicación
Para Baiz, oriunda de Derqui, las sedes de las fiscalías que solicita deberían ser fijas, aunque no descarta que pueda modificarse para pedir sedes rotativas a fin de reducir costos. Y señaló que además se de su localidad, deberían instalarse sedes de la fiscalía en Zelaya y Luis Lagomarsino.
Alfaya presentó un proyecto similar, aunque con Del Viso como nueva sede del Ministerio Público. Según la edil, en su iniciativa pesó el hecho de que esa localidad “está en el otro extremo del distrito”, lo que la convertiría también en una opción a la que podrían recurrir vecinos de otras localidades alejadas de el centro de Pilar.
Alfaya es presidenta del bloque oficialita de concejales y de la comisión de Seguridad del deliberativo. Es, también, titular del foro de seguridad de Del Viso, donde vive.
En ejercicio de este último rol, la edil participó a fines del año pasado de una reunión de los foros vecinales con el Fiscal General de San Isidro, Julio Novo, en la que se planteó la necesidad de instalar una nueva sede descentralizada del área a su cargo, por esta vez en una localidad. En esa reunión, se mencionó a Del Viso como la primera opción.
De todos modos, el actual gobierno municipal ya había firmado un convenio con Novo y la procuradora de la Corte Bonaerense, María el Carmen Falbo, para la instalación de otra fiscalía en el barrio Monterrey, de Derqui.
A pesar que los acuerdos están firmados y que una constructora privada se había comprometido a donar el edificio de la sede, hasta el momento nunca hubo avances en ese sentido. Tanto Baiz como Alfaya dijeron conocer el convenio pero no el motivo que paralizó su concreción.
Los dos proyectos que se tratarán esta tarde son comunicaciones, es decir, solicitudes al Ejecutivo que no tienen carácter obligatorio.
Proyecto de los foros
Apoyo al bloqueo de celulares robados
El Concejo Deliberante votará esta tarde un documento de respaldo al proyecto de los foros de Seguridad que solicita se obligue a las compañías de telefonía celular a bloquear los aparatos denunciados como robados para que no puedan volver a utilizarse.
De esa manera, entienden los foristas, se desalentaría el o de teléfonos portátiles, uno de los botines más buscados por los arrebatadores, sobre todo por los que eligen como víctimas a los alumnos que entran o salen de las escuelas.
El apoyo de los concejales sería directamente girado a las autoridades de la Comisión Nacional de Comunicaciones, autoridad de aplicación en materia de telefonía.
En tanto, los foristas gestionan una entrevista con las comisiones de Seguridad de ambas cámaras del Congreso Nacional, órgano que tiene en sus manos la posibilidad de legislar sobre ese tema.