Tras la inundación de febrero, los vecinos reclamaron ayuda al Municipio.
Tras la inundación de febrero, los vecinos reclamaron ayuda al Municipio.
Los vecinos de Manzanares y Zelaya las dos localidades presentadas como las opciones para trasladar a las 60 familias que edificaron sobre un bañado a la vera del río de Luján en La Lomita, se movilizan para repudiar la decisión del gobierno.
Los frentistas aseguran que sus localidades no están aptos para recibir a un “barrio entero” ya que no cuentan con la infraestructura necesaria.
“Tenemos la Escuela 10 colapsada, igual que el Jardín de Infantes, tenemos que hacer peñas para sostener la sala de primeros auxilios que está vacía porque el Municipio no nos da nada y encima quieren traer 60 familias así de una vez y tirarlas como si fueran animales”, reclamó una vecina de Manzanares que se identificó como Mónica.
En tanto, los ediles optaron por dejar en la comisión de Obras Públicas del Honorable Concejo Deliberante (HCD) el expediente que elevó el área Desarrollo Humano y Social, que solicita que un predio donde puedan levantar casas para los afectados por las inundaciones en La Lomita.
El proyecto que despertó la polémica tras pasar por varias oficinas municipales, será consensuado y tratado en conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo. Así lo hizo saber a El Diario el presidente de dicha comisión, el edil oficialista Miguel Saric.
Alerta
Desde que el rumor llegó a oídos de los vecinos de ambas localidades, los frentistas se pusieron en alerta para negarse a la posibilidad de que quienes fueron víctimas de una estafa y compraron las tierras en buena fe, sean ahora reubicados en estas localidades.
“No es discriminación, hace años estamos pidiendo un terreno fiscal para que se construya una escuela secundaria y siempre nos dijeron que no había y ahora quieren enviar a estas familias”, señaló Mónica.
En tanto, otro vecino, Octavio Longo, aseguró: “que la gente que quiera venir, que lo haga comprando su terreno y levantando su casa, pero en este caso van a ocupar el predio que pertenece a una plaza y sin medir las consecuencias de falta de médicos y escuelas, entre otras cosas”.
Por su parte, un frentista de Zelaya que llegó con la inquietud al edificio del HCD y prefirió mantenerse en el anonimato, lanzó el mismo reclamo que sus pares de Manzanares, mayor infraestructura: “no se trata de discriminar, pero la llegada de 60 familias implica otras cosas, vacantes en los colegios, servicios y más, es un barrio entero el que quieren traer”.
Por otra parte, los antiguos vecinos aseguran que la protesta tiene una particularidad, “la iniciaron los jóvenes”.
Según relató Mónica, al conocer los rumores de que el Municipio llevaría 60 familias de otro barrio a Manzanares, los jóvenes se reunieron y movilizaron para impedir que eso suceda, sin que se pueda prever las necesidades de la gente: “nosotros los más viejos los seguimos”, remarcó la mujer.
Aseguran que la reunión tiene el compromiso de la presencia de varios ediles, oficialistas y opositores.
La reubicación
Un conflicto generado por la necesidad
La búsqueda de una solución a 60 familias que llegaron a Pilar con la esperanza de tener su propiedad y fueron estafados en su buena fe, generó un conflicto vecinal en dos localidades que no quieren recibir a los damnificados.
Es que tras el temporal caído en febrero último, que generó la sexta inundación en cinco meses en los fondos de La Lomita, los vecinos llegaron hasta el Municipio para reclamar una solución a través de la realización de obras.
Pero se encontraron con la respuesta que menos esperaban, que los terrenos que habitaban no tienen solución y seguirán inundándose.
La explicación es que se trata de un bañado perteneciente a la vera del río y que “no es habitable”.
Así fue que ante el reclamo el intendente Humberto Zúccaro prometió a los damnificados trasladarlos desde ese lugar, hacia un predio donde puedan reconstruir su barrio.
Así fue que tras elevar el proyecto desde Desarrollo Social y Humano y pasar por las direcciones de Tierras, Planeamiento, Catastro y la Secretaría de Gobierno, llegó al Legislativo el expediente para que los ediles decidan, entre Manzanares y Zelaya, cuál sería la localidad del destino final de las seis decenas de familias.
Tras oponerse a obrar como “jueces” de esa decisión, los ediles amenazaron con devolver el expediente al Ejecutivo, pero finalmente optaron por consensuar entre ambos cuerpos la decisión final.