Familiares y allegados a Sofía Fernández, la mujer trans asesinada en mayo del año pasado en la comisaría 5ª de Presidente Derqui, volvieron a marchar este jueves al juzgado de Garantías de Pilar en reclamo de Justicia.
La mujer trans fue asesinada en la comisaría 5ª de Pilar. Familiares exigen que vuelvan a detener a los 9 policías que fueron liberados.
MOVILIZACIÓN. La hermana de Sofi Fernández llevó sus reclamos al juez.
Familiares y allegados a Sofía Fernández, la mujer trans asesinada en mayo del año pasado en la comisaría 5ª de Presidente Derqui, volvieron a marchar este jueves al juzgado de Garantías de Pilar en reclamo de Justicia.
Junto a organizaciones feministas y del colectivo LGBT, Mabel Valdez, hermana de la víctima, exigió que vuelvan a detener a los 9 policías que fueron librados.
“Otra vez estamos reclamando al juez Walter Saettone que considere el expediente de Sofi Fernández, lo tome como homicidio agravado por odio a la identidad de género”, le dijo Valdez a El Diario.
“El único avance que tenemos hasta ahora son los resultados de ADN que se le hicieron a los policías y se están en etapa de investigación. Supuestamente los resultados iban a estar en 10 días o 15 días a más tardar, pero ya ha pasado ese tiempo y aún no tenemos respuesta”, dijo.
“Le estamos pidiendo al juez que revea la causa. A Sofi la torturaron, la violaron y el juez solamente le adjudica a uno de los policías involucrados el homicidio, a lo cual sabemos que eso no es así porque Sofi sufrió torturas y la asesinaron”.
Sofía Fernández tenía 38 años, era docente de Literatura y estaba por comenzar la carrera de Enfermería.
Tras haber sido detenida, su cuerpo sin vida apareció en una celda de la Comisaría 5ª, ubicada a metros del cruce de acceso a Presidente Derqui.
Su muerte fue reportada por la policía dos días después del arresto y se aseguró que el deceso se debió a una “muerte súbita”.
Sin embargo, la autopsia demostró que en realidad la muerte se produjo por “asfixia traumática por obstrucción de la vía aérea”, ya que Sofía murió ahogada por trozos de colchón y su propia ropa interior. Al mismo tiempo, fue sujetada y golpeada por tres o más personas y no se descarta que también haya sido abusada sexualmente.
En total son diez los policías implicados, cinco de ellos habían sido acusados de homicidio triplemente calificado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrados por miembros integrantes de la fuerza policial. Son: Carlos Rodríguez, Yésica Isabel Núñez, Viviana Ruiz, Gonzalo Germán Robles y Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez.
En tanto, los otros cinco fueron arrestados por encubrimiento calificado por resultar el hecho precedente especialmente grave y por ser perpetrado por miembros integrantes de la fuerza policial, es decir, por no haber informado lo sucedido y por haber adulterado pruebas y documentos públicos. Son Daniel Eduardo Salerni (quien en ese entonces era el jefe de la dependencia), Miriam Valor, Gabriela Miño, Camila Pitulak y Gustavo Gabriel Camacho.
No obstante, el juez Saettone dictó prisión preventiva sólo contra el policía Carlos Matías Rodríguez, al que indica como autor material del asesinato, a la vez que cambió en la calificación del delito en la que desestimó el agravante de “odio por identidad de género”.