El próximo martes 2 de agosto comenzará el juicio oral por la muerte de Saulo Rojas, un joven que en 2013 se quitó la vida mientras se encontraba internado en condiciones infrahumanas en la comunidad terapéutica San Camilo, de Pilar, informó a través de un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La fundación estaba fue clausurada en 2017 por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, tras constatar “graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios”.
El único imputado en el juicio oral, que estará a cargo del Juzgado en lo Correccional 4 de San Isidro, es Ángel Súñez, un ex empleado de seguridad de la comunidad, acusado de homicidio culposo.
El CELS señala que se trata de la primera vez desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental que un miembro de una comunidad terapéutica será juzgado por el suicidio de un paciente.
Saulo Rojas era un joven mendocino de 23 años con consumos problemáticos e insulinodependiente. A los 18 años, diferentes centros terapéuticos de la provincia de Mendoza le negaron atención argumentando que la situación de adicción más su dependencia a la insulina era algo “imposible de manejar”. El Gobierno dispuso un subsidio para que la familia buscara un lugar en otra provincia. Así fue que llegó a la Fundación San Camilo el 22 de junio de 2012.
Un año después de su ingreso, el 14 de julio de 2013, Saulo fue castigado y encerrado en una celda de aislamiento, algo que prohíbe la ley de Salud Mental sancionada en 2010. La celda era una habitación pequeñísima, con piso y paredes de cemento sin revocar, una ventana sin vidrio y la puerta con rejas y candado. Saulo entró en esa celda a las ocho de la noche, depresivo (“podía escuchar su llanto desde el otro lado de la pared”, describió uno de los internados), sin su dosis diaria de insulina y con su cinturón y sus cordones en las zapatillas. Minutos después, se ahorcó.
Después de su muerte, desde la comunidad terapéutica llamaron a la mamá de Saulo, Miriam Lucero, para informarle que su hijo había “sufrido un infarto”. Cuando llegó la policía, el joven ya no se encontraba en la celda, que rápidamente fue adornada con muebles y un acolchado.
Durante dos años, la causa no avanzó. El expediente se reactivó y llegó a juicio oral gracias a la lucha de Miriam, de su abogado Yamil Castro Bianchi y del periodista Pablo Galfré, quienes lograron juntar pruebas y testigos. Los testimonios de pacientes y empleados recogidos por Galfré demostraron que los golpes, maltratos y sobremedicación eran algo cotidiano en San Camilo.