En su edición de hoy, El Diario reflejó un violento episodio que tuvo lugar el domingo en una vivienda del barrio Pinazo de Del Viso en donde un hombre golpeó de manera brutal a su pareja de 21 años, que debió ser trasladada a un centro de salud. Sin embargo, por el coronavirus, el agresor no fue detenido, le dictaron una perimetral y deberá cumplir la cuarentena en otro domicilio.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Laprida al 7.700 de la mencionada localidad, donde efectivos de la Policía Local de Pilar arribaron por un llamado al 911 que reportaba un caso de violencia de género.
Al llegar, los policías se encontraron con la joven de 21 años que denunció que su pareja, de 22, la había golpeado. La víctima tenía golpes en el rostro y cortes en la cabeza.
Según las fuentes, el agresor se había escondido en una habitación, debajo de dos colchones y cuando fue descubierto, agredió a golpes de puño a uno de los dos oficiales, de 50 años, que terminó con una serie de excoriaciones y arañazos en el rostro. No obstante, el imputado pudo ser reducido y aprehendido en el lugar y luego trasladado a la comisaría 3ra. de Del Viso.
El caso quedó en manos de la fiscal Carolina Carballido Calatayud, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar, quien de inmediato ordenó la restitución al hogar de la víctima y le dio intervención de la Justicia de Familia de Pilar, que dispuso una serie de medidas de resguardo.
“Como los criterios de detención han cambiado y a partir de una serie de resoluciones y fallos relacionados con los riesgos ante el coronavirus se buscan medidas alternativas a la prisión, en este caso ordenamos que al acusado se lo excluya del hogar, se le dicte la perimetral y se lo deposite en otro domicilio para cumplir la cuarentena”, explicó a la agencia de noticias Télam una fuente judicial.
Por orden de la fiscal, el joven fue notificado de que quedó imputado en una causa penal por los delitos de “lesiones agravadas por mediar violencia de género” (prevé una pena de seis meses a dos años) y “resistencia a la autoridad” (con pena de 15 días a un año).