Correo de lectores

Sr. Director: 
Lamento mucho tener que llegar a esta situación, pero es el último recurso que tengo a la mano para poder defender mis derechos como comerciante, antes de recurrir a la justicia.
Desde hace más de ocho años ejerzo el comercio en el Partido Del Pilar, con altos y bajos como todos los comerciantes. Desde hace dos años a la fecha vengo sufriendo los distintos embates que el gobierno municipal realiza contra los comerciantes de Pilar. Desde la instalación, en la Plaza 12 de Octubre y otros espacios verdes del Partido, de “ferias de artesanos” y puestos de comidas ambulantes elegantemente denominados “Foodtrack”, que en ambos casos no cumplen con los requisitos mínimos fiscales, de habilitación y seguridad e higiene que debemos cumplir el resto de los comerciantes emplazados en el Municipio, hasta la actual persecución que sufro en los distintos locales comerciales que tengo instalados en el distrito.
Desde el 17/01/2019 tengo clausurada una parrilla sita en Venancio Castro 1848 de la Ciudad de Pilar, he realizado todas las obras edilicias necesarias y los trámites solicitados por el Municipio (solicitud de conforme de bomberos $1.500; examen de agua $3.230; contratación de seguro de responsabilidad civil $720; contratación de seguro de asistencia médica $1.100; plano de habilitación $5.000; certificado de fumigación $920, certificación de firmas del contrato de locación $1.950), con excepción del apto bromatológico el cual se ha convertido en una tarea de difícil resolución debido a la desidia de algunos integrantes de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad Del Pilar, ya que no solo se han demorado excesivamente en la primera visita sino que también están dilatando exageradamente la realización de la segunda visita para otorgar el apto predicho.
Desde mi lugar elijo no caer en la falsa creencia que todo se resuelve con “un regalo” a la persona correcta y prefiero creer que es desidia y desinterés en resolver una situación que hoy implica no solo la imposibilidad del normal desarrollo comercial sino también la vulneración del derecho a trabajar de diez personas que son sostén de sus hogares. Vale aclarar que todo aquello que a mí se me exige con la fuerza de la ley no es controlado en otros comercios del rubro sitos en la cercanía de mi comercio, dejando a la vista el incumplimiento de los deberes del funcionario público que el decreto 44/82 les impone tanto a los inspectores de la Dirección de Seguridad Alimentaria y del Cuerpo Único de Inspectores del Municipio. Realmente espero que esta situación cambie y que no me vea en la obligación de tener buscar una solución mediante el Poder Judicial.

Héctor Omar Ortíz.