La nueva ley del reintegro del IVA a sectores vulnerables, es una política positiva y un alivio para uno de los sectores más golpeados por el ajuste, el aumento de precios y la caída de los niveles de ingreso.
La iniciativa contempla la devolución del 15 % del IVA en la compra de productos (en principio de la canasta básica), para jubilados que perciben la mínima, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo y por embarazo, con un tope de $ 300 para los jubilados y de $ 200 para la AUH.
El inconveniente de esta decisión se encuentra en el mecanismo establecido para su aplicación. Dicho reintegro en lugar de realizarse de manera directa y por una suma fija al beneficiario, se acreditará únicamente por compras con tarjeta de débito.
Conocidas las dificultades económicas y logísticas para el pequeño comerciante de contar con el posnet y la poca voluntad del Gobierno nacional para resolver este asunto, se plantea un riesgoso perjuicio para nuestros comerciantes locales y barriales.
Estudios a nivel nacional estiman que un 72 % de las compras que realizan las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, se destina a adquirir alimentos y más de la mitad de las mismas se realiza en comercios de barrio. El Banco Nación estima que sólo el 8 % de las compras de los sectores vulnerables se realiza con tarjeta de débito y el resto se extrae el dinero para compras en efectivo.
En Pilar perciben la Asignación Universal por Hijo unas 13.400 madres y 26.440 chicos en un monto total mensual aproximado de $ 25,5 millones; 22.472 jubilados por un monto mensual total de $ 146 millones y 8.300 pensionados por un monto mensual de $ 36 millones, esto implica un total mensual de 208 millones de pesos.
Estos 2.700 millones de pesos anuales que son destinados a los sectores populares y vulnerables de Pilar (en cifras a diciembre del 2015) han sido en los últimos años el motor del consumo en los pequeños comercios de nuestros barrios y localidades.
Implementar la devolución del IVA en estas condiciones sin resolver cómo acceden los comerciantes al cobro con tarjeta, puede ser letal para la ya difícil situación que atraviesan hoy nuestros comerciantes, con los desmesurados aumentos de tarifas en los servicios públicos y las caídas de las ventas del 3,67 (de acuerdo a la medición de Scipa).
En caso que el Gobierno nacional sea insensible a esta situación, como lo ha demostrado con varias de sus decisiones, se vuelve prioritario generar políticas públicas locales para proteger a los comerciantes. Es necesario garantizar que una política pública positiva para los sectores vulnerables, no implique daños colaterales y se transforme en una aspiradora de ganancias para los grandes hipermercados, en perjuicio de nuestros pequeños comerciantes.
*Concejal Frente Pilarense para la Victoria.
