Hace diez años se sancionaba la Ley de Educación Nacional. Traería la inversión más importante en educación de los últimos años y una creciente y gradual mejora de la educación argentina.
Diez años de la Ley de Educación Nacional
por Lizzie Wanger
lizziewanger@gmail.com
¿Qué incidencia tendría en la vida cotidiana de cada uno de nosotros? Eso no lo sabíamos aún el 14 de diciembre de 2006. Sí sabíamos cómo había sido el proceso para su elaboración, porque un amplio sector de la sociedad vinculado con los temas educativos fuimos invitados a participar para pensarla, discutirla, construirla.La construcción de la Ley fue un ejemplo de real y efectiva democratización de la discusión sobre la educación que queríamos para nuestros hijos, para nuestro país.
Había que salir de la crisis producto del desfinanciamiento educativo y de los efectos de las anteriores políticas educativas que desmembraron la educación nacional, fragmentándola en 24 pedazos, cada cual con sus propias políticas, propuestas y recursos.
La LEN recuperó el punto de partida de cada jurisdicción, tomó los aportes de los distintos actores y sectores y proclamó a la educación como un derecho personal y social, garantizado por el Estado. La discusión acerca de si la educación era un servicio o una mercancía, quedó de este modo saldada: Educación de calidad para una sociedad más justa.
La LEN reorganizó y reconstruyó la unidad del sistema educativo nacional. Amplió los años de educación obligatoria: pasamos de 9 años a 14 de educación obligatoria, en el 2014. La educación inicial se hizo obligatoria a partir de los 4 años, como así también la escuela secundaria. De este modo, casi 500.000 jóvenes que estaban fuera del sistema educativo, volvieron a las escuelas. Esos mismos jóvenes que se juntaban en las esquinas, sin poder estudiar o trabajar, encontraron en la escuela, su posibilidad de proyectarse y progresar. Sabemos que no fue magia, sino el desarrollo y la articulación de políticas y programas que contribuyeron a hacerlo posible.
El extraordinario aumento del presupuesto para educación, la mejora de las condiciones de trabajo docente, de infraestructura y de equipamiento de las escuelas, junto con el crecimiento de la prosperidad de la sociedad en su conjunto fueron los pilares para alentar las mejoras y los cambios.
La escuela argentina pasó de ser el centro de atención de las calamidades sociales a ser un espacio cultural y educativo con bibliotecas llenas de libros, computadoras para aprender y jugar, maestros y profesores en formación permanente, laboratorios de ciencias, nuevos edificios, canales de televisión para seguir aprendiendo en casa.
Pero, como el derecho a la educación no culmina con la escuela obligatoria, nacieron decenas de universidades públicas en los lugares más alejados y populosos. La quimera del ascenso social a partir de la educación se propagó en las comunidades más humildes, y las nuevas universidades se llenaron de pueblo, tecnología y ciencia.
La ley fue haciéndose realidad a partir de la decisión del Gobierno nacional de destinar los recursos necesarios y de desarrollar un conjunto de políticas educativas que mejoraran gradual, pero sustancialmente la calidad de la educación. ¿Cómo? Con el compromiso de sus principales responsables: las escuelas, los directivos, los docentes. Es decir, el Estado.
El mandato de inclusión marcó este período de desarrollo educativo-cultural y la escuela abrió sus puertas para que todos puedan estar adentro, aprendiendo.
Frente a lo heredado, el actual gobierno de Mauricio Macri inició un proceso de vaciamiento y cierre de la mayoría de las políticas mencionadas. Desguazó los programas del Ministerio de Educación de la Nación -devenido Ministerio de Educación y Deportes- transfiriendo a las provincias algunos de ellos y clausurando otros, sin más.
La "revolución educativa” que Cambiemos prometió en campaña ha sido hasta aquí un discurso conservador, alejado de la idea de ampliación de derechos y rayano con la más vetusta meritocracia. Los derechos fueron reemplazados por el mercantilismo más acérrimo, transfiriendo deberes indelegables del Estado a empresas y ONG de dudosos objetivos. Sin tapujos ni vergüenza por este violento retroceso, se inundan los medios de comunicación y los ámbitos educativos con la engañosa panacea de las neurociencias, que promete salvar a los pobres de su peor pobreza, aunque nadie sabe decir cómo.
A 10 años de la sanción de esta ley justa, el Gobierno actual le hace su primera embestida: transferir los canales educativos (creados por la LEN) Encuentro y Pakapaka al Sistema Federal de Medios Públicos. Es decir, comercializar y banalizar los contenidos pedagógicos, transformarlos en objetos de consumo.
La Ley de Educación Nacional nos trazó un camino. Mucho se hizo hasta el 2015; mucho quedó también por hacer. Sin embargo, no podemos dejar de celebrar los avances logrados que se traducen en millones de chicos en la escuela, con miles de docentes que supieron volver a enseñar. Hay muchas historias de vida y de escuelas que así lo comprueban.
Si honramos la historia y la búsqueda interminable de felicidad para nuestro pueblo, sabremos defenderla trabajando, desde las escuelas, las universidades, los institutos de formación docente, las organizaciones sociales, políticas y sindicales, para formar a las personas capaces de forjar el sueño de la patria justa, libre y soberana.