CORREO DE LECTORES

Un viernes negro ha tenido el Partido del Pilar el 21 de octubre de 2016, día éste en el cual se han avasallado las instituciones, en lo político, en lo jurídico y en lo institucional, en la sesión del Concejo Deliberante que tuvo lugar ese día.

La referida sesión tenía por objeto "revocar” por resolución de la mayoría, tomada en sesión pública, las designaciones de sus autoridades (conf. art. 74º, DL 6769/58, Ley Orgánica para las Municipalidades).

Ya la convocatoria había sido deficiente en el sentido de llamar a sesión extraordinaria, y no a sesión especial, debido a que para la convocatoria a sesión extraordinaria, ya sea por el intendente o por el propio cuerpo legislativo, debe existir "un asunto de interés público y urgente que lo exija” (conf. art. 68 inc. 5º de la LOM).

Ahora bien, ¿Cuál era el asunto de interés público, o el asunto urgente que motivara la convocatoria a sesión extraordinaria para revocar el mandato de las autoridades del Concejo Deliberante? Nada se dijo!!!

Además, una sesión especial también debe tener una motivación que haga inferir que en "cualquier momento” – para la revocatoria-, a que alude el art. 74º del mismo cuerpo, ha llegado.

Sin embargo, a pesar de lo manifestado, en la mentada sesión no se cumplió con el objeto para el cual fue convocada. Éste era someter a consideración del Concejo la revocatoria del mandato de sus autoridades. 

 Pero no se tomó ninguna resolución, y por lo tanto "no se sometió a votación”, el objeto para el cual fue convocada. Muy por el contrario, se actuó de una manera NO prevista en la norma. La norma en este sentido es muy clara y por lo tanto, no existen interpretaciones contradictorias al respecto.

Dentro del contexto explicitado, los concejales se han atribuido funciones que no tienen; se han propuesto nuevas autoridades, sin revocar el mandato de las anteriores, se las ha votado y se les ha tomado juramento.

De una visión rápida de los hechos se podría llegar a interpretar que a partir del viernes 21 de octubre, en Pilar hay dos autoridades en el Concejo Deliberante, una "con mandato vigente”, porque en ningún momento se votó su remoción, y otra "con una legitimidad cuestionada”.

No hay que perder de vista que no se puede tratar el caso como si fuera un error administrativo, que se podría llegar a corregir.

Lo que nace nulo porque se ha producido apartándose de las normas vigentes, no puede purgar su vicio.

Respecto de los concejales como representantes del pueblo, no pueden subsanar el obrar irregular que han tenido en el contexto de una sesión nula.

Pero ese obrar irregular es pasible de responsabilidad; no pudiendo alegar desconocimiento del derecho, o error excusable, ¡porque simplemente es su tarea!

Por lo tanto, ahora sí, en una visión minuciosa, debo concluir que en Pilar hay un Concejo Deliberante con una única autoridad con mandato vigente. Pero también hay un determinado número de concejales que con su obrar irregular, ha causado un grave daño a las instituciones. 

Teniendo en cuenta todo esto, no es difícil imaginar que esta situación irregular traerá aparejadas consecuencias, no sólo en la política local, sino ante los estrados judiciales con las correspondientes denuncias.