El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, volverá a encontrarse durante la jornada de este miércoles a las 11 con representantes del Gobierno nacional. La nueva audiencia ante la Corte Suprema buscará avanzar en una solución al reclamo provincial por la deuda que la ANSES mantiene con el sistema jubilatorio bonaerense.
Será la tercera audiencia que se realiza en el máximo tribunal por el reclamo impulsado por la administración de la Provincia. Desde la Gobernación la expectativa está puesta en que, tal como quedó asentado en el acta de la última reunión realizada el 21 de abril, los representantes del Estado nacional presenten una propuesta concreta sobre los montos a transferir y la forma en que se efectuaría la devolución de los fondos reclamados.
“De las 13 provincias que tienen cajas propias, a 10 ya les llegó una transferencia de Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando”, remarcó Kicillof en la puerta de tribunales minutos después de dicha audiencia.
La deuda de ANSES con la caja jubilatoria de la provincia
Según consta en el acta firmada luego de aquel encuentro, los representantes de la ANSES y del Estado nacional se comprometieron a continuar con las auditorías y a presentar una propuesta de solución en la audiencia convocada para este 10 de junio.
El Gobierno bonaerense sostiene que la deuda se remonta a 2020 y denuncia una interrupción total de los pagos por parte de Nación desde 2024. El reclamo se basa en las transferencias que el Estado nacional debe realizar para compensar el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas.
La administración de Kicillof argumenta que esos fondos surgen de una simulación que determina cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si estuviera dentro del régimen nacional. Sobre esa base se calculan adelantos a cuenta de auditorías, cuya finalización es cuestionada por el Gobierno nacional.
Otros reclamos millonarios entre Provincia y Nación
La demanda fue presentada en abril de 2024 y exige que Nación restablezca “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” previstas en la ley 27.701. De acuerdo con los cálculos oficiales, el monto acumulado asciende actualmente a unos $2,2 billones.
El conflicto se desarrolla en un contexto de fuerte tensión financiera entre ambas administraciones. Además de este expediente, la Provincia mantiene otros siete reclamos judicializados contra el Estado nacional por más de $15 billones.
Entre esos planteos figuran los vinculados al Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Compensación al Transporte del Interior y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, recursos que la gestión bonaerense considera esenciales para sostener áreas clave como la seguridad, el transporte y la educación.