Así lo hizo saber el Gobierno mediante un Decreto que lleva la firma de Javier Milei y modifica la Ley de Migraciones de Argentina. Los detalles.
El Gobierno Nacional publicó este jueves a la medianoche un Decreto de Necesidad y Urgencia(DNU) en el que remarcó que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que "incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino" o directamente "ultrajen los símbolos patrios".
El decreto incorpora estas conductas como nuevas causales dentro de la Ley de Migraciones y otorga a las autoridades facultades para intervenir tanto en los controles de ingreso al territorio como en la permanencia de ciudadanos extranjeros que ya residan en el país.
La medida, que lleva la firma del mandatario Javier Milei, fue dada a conocer por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) y es en respuesta "a las recientes manifestaciones de hostilidad" contra el país. El decreto 681/2026 se publicó este jueves en el Boletín Oficial. La norma deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de 10 días hábiles para expedirse sobre su validez o invalidez y elevar dictamen a cada Cámara.
Las manifestaciones de hostilidad a las que se refiere Milei se intensificaron durante el último Mundial de fútbol disputado en los Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo en redes sociales.
QUÉ CAMBIA CON EL DECRETO 681/2026
La modificación incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley de Migraciones. A partir de ahora, no podrán ingresar al país quienes hayan dirigido mensajes de odio, de forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por razones de nacionalidad.
El decreto también incorpora como causal de inadmisión la participación en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales, así como la incitación a cometer ese tipo de acciones.
En paralelo, el Ejecutivo modificó el artículo 62 de la ley para que esas mismas conductas constituyan causales de cancelación de residencia. De esta manera, un extranjero que ya resida en el país podrá ser obligado a abandonarlo o ser expulsado si se verifica alguno de los supuestos contemplados en la norma.
LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es reforzar la protección del interés nacional y evitar que personas que promuevan acciones hostiles contra la Argentina puedan ingresar o permanecer en el territorio. Según el Gobierno, la iniciativa apunta a preservar la convivencia democrática y el orden público.
Uno de los puntos destacados del DNU es que aclara expresamente que las nuevas disposiciones no podrán aplicarse a expresiones de disenso ideológico ni a críticas políticas, académicas o ciudadanas, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución Nacional.
El Gobierno argumenta que la medida busca sancionar únicamente los discursos de odio y la incitación a la violencia, en línea con lo previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la legislación argentina en materia de discriminación.
DEBATE JURÍDICO Y POLÍTICO
La incorporación de esta nueva causal ya genera distintas interpretaciones. Especialistas en derecho constitucional y migratorio anticipan que la definición de qué constituye una "incitación al odio" será uno de los puntos más discutidos y podría dar lugar a planteos judiciales, especialmente en relación con la protección de la libertad de expresión.
Mientras algunos sectores respaldan la decisión como una herramienta para fortalecer la seguridad y el control migratorio, otros advierten que su implementación deberá respetar las garantías constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos.
Con este decreto, el Gobierno profundiza su estrategia de endurecimiento de la política migratoria y suma un nuevo eje a la agenda pública, en un tema que promete continuar generando repercusiones tanto en el ámbito político como en el judicial.
